Equipo Atentos Chile.
La ministra María José Zaldívar presentó ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que establece un beneficio para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales.
La propuesta del Ejecutivo modifica el decreto ley N° 3.500, que estableció el sistema de AFP para incorporar una nueva modalidad que permite que todo afiliado que sea calificado como inválido total y que sufra una enfermedad terminal, tenga derecho a percibir una pensión como renta temporal.
El beneficio será calculado para un periodo de dos años y será pagado por la AFP con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual, una vez reservado el capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria, cuando corresponda.
Asimismo, aquellos afiliados y beneficiarios pensionados por vejez, vejez anticipada, invalidez total o sobrevivencia y que presenten una condición de enfermo terminal, tendrán derecho a un recálculo de su pensión.
Para estos efectos, se entenderá por enfermo terminal a toda persona con una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y, en ambos casos, con una expectativa de vida inferior a 12 meses.
En los fundamentos del proyecto, calificado con suma urgencia, se recuerda que el gobierno presentó en el año 2018 el proyecto de reforma al sistema de pensiones, el cual dentro de sus consideraciones establece reglas especiales para efectos del cálculo de la pensión de personas que sean declaradas como enfermas terminales.
Sobre la iniciativa, la ministra Zaldívar remarcó que va en línea de respetar el fin del sistema de pensiones y garantizar aquello, manteniendo una pensión mensual para los afiliados y permitiendo, a su vez, el retiro de un porcentaje de los fondos disponibles.
Añadió que este retiro será diferente en caso que los afiliados afectados tengan beneficiarios de pensión de sobrevivencia (cónyuges e hijos menores de 18 o 24 años -si se encuentran estudiando-), para lo cual el sistema propuesto reservará el 60% de los fondos acumulados para cumplir con esta obligación, así como la cuota mortuoria, antes de hacer la proyección de pensión.
Además, explicó que es evidente que una persona que se enfrenta a un diagnóstico de enfermo terminal no se le puede aplicar la misma tabla de sobrevivencia que al resto, y por ello se recorta la tabla de expectativa de vida a un periodo de 12 meses, siguiendo los parámetros establecidos en la literatura médica.
DUDAS DE LOS PARLAMENTARIOS
Tras la presentación del texto, los diputados Natalia Castillo (RD) y Tucapel Jiménez (PPD) consultaron por qué el proyecto no contempla el retiro del 100% de los fondos acumulados y cómo colisiona este con el proyecto de reforma constitucional en trámite en la Comisión de Constitución, que busca similar objetivo.
Al respecto, la ministra sostuvo que, a juicio del Ejecutivo, el camino para regular esta materia es por la vía de una modificación legal y no una reforma constitucional y que, por ende, este es el proyecto que debiera primar.
Asimismo, descartando el retiro total, dijo que esto se debe realizar dentro de los márgenes de seguridad social, garantizando pensiones y prestaciones, donde estas personas tengan así como garantizar una pensión por el tiempo de sobrevida estimada.
Añadió que los afiliados podrán optar por tener una pensión con un determinado monto y retirar el excedente de libre disposición o destinar todo a la mensualidad prevista. Pero, además, se debe garantizar los fondos para las pensiones de sobrevivencia que están establecidas en el sistema.
A su vez, la diputada y presidenta de la comisión, Gael Yeomans (PCS), así como el diputado Ramón Barros (UDI), manifestaron sus aprehensiones sobre la efectividad de dejar el proceso de calificación a las comisiones de medicina preventiva, ya que estas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones en otras materias (como la entrega de pensiones de invalidez), lo cual fue establecido en la investigación realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el funcionamiento de estas comisiones.
La ministra respondió que se requiere de una institucionalidad que se haga cargo, y que para ello el proyecto establece plazos acotados para el proceso y que el mayor gasto que se incurra en las Compin será de cargo de los fondos de la Superintendencia de pensiones.
