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Presupuesto: Cámara rechazó el criticado aumento per cápita en salud primaria

Por Equipo Atentos Chile

La Sala de la Cámara de Diputados rechazó hoy el incremento del per cápita en la partida de Atención Primaria de Salud, monto que había sido criticado en las últimas semanas por organizaciones sindicales y gremiales del área, además de parlamentarios de oposición, que hoy consideró «insuficiente» la medida.

La propuesta fue rechazada por 58 votos a favor y 73 en contra, siendo uno de los pocos puntos que no se aprobaron dentro de la partida de Salud. Si bien el Ejecutivo había anunciado que incrementaría los 162 pesos por persona, para llegar a los 7.500 pesos anuales, los legisladores rechazaron esta propuesta, ratificando así el criterio de la Comisión Mixta que la semana pasada se había pronunciado sobre estos dineros, consignados en Fonasa para atención primaria.

No obstante el rechazo del per cápita, los parlamentarios sí ratificaron el presupuesto para el financiamiento y equipamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, más conocido como J.J.Aguirre, aprobando así la propuesta de Gobierno, que entregó $6.200 millones de pesos a este centro asistencial, rechazándose una indicación que solicitaba la asignación de una cantidad mayor de recursos.

Del mismo modo, se aprobaron los gastos del programa de Recuperación de Trauma Ocular, que corresponde a la glosa del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. También se aprobó, por unanimidad, un conjunto de indicaciones relativas a solicitudes de información, referidas a la implementación y ejecución de diversos planes y programas involucrados en la partida.

En el hemiciclo también se aprobó la indicación por la que se busca garantizar la provisión gratuita de elementos de protección personal y sanitización para organizaciones sin fines de lucro, que atienden a adultos mayores y personas en situación de calle, en el marco de la pandemia.

Y referente al estado contractual de los trabajadores del rubro, también se aprobó otra indicación parlamentaria, que establece que el Estado debe hacerse cargo de los derechos laborales de los trabajadores a honorarios. De tal manera, sus remuneraciones deberán ser pagadas a los 30 días del desempeño de sus labores pactadas.

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