Por José Santelices
Nicolás Oxman es el abogado elegido por Brayan Castillo para asumir su representación en la causa abierta con ocasión del accidente sufrido por el cabo segundo del Ejército, que perdió ambas piernas tras ser atropellado por Nicol Orellana, y posteriormente aprisionado en contra de la parte posterior del vehículo militar que trasladaba a la patrulla que la noche del 8 de enero desarrollaba tareas de fiscalización del toque de queda, en la comuna de Curicó.
“Hoy estuve con el muchacho… es terrible verlo”, señala de entrada. Y sigue: “Entusiasma su ánimo y la fortaleza con la que enfrenta la situación. Dice que quiere ir a Estados Unidos, a un hospital de veteranos, para rehabilitarse… y da gracias a Dios, por darle la posibilidad de estar vivo y de rehabilitarse para dar su testimonio de Fe”. Pese a su experiencia como penalista, Oxman se conmueve con el testimonio del joven de 27 años y manifiesta con franqueza sus dudas con la forma en que se ha llevado la investigación del caso:
“Nosotros, como defensa de Bayan Castillo, consideramos que hay algunas cosas que son al menos extrañas en esta investigación. La primera de ellas es que es sumamente curioso que las víctimas tengan que estar presionando al fiscal para que defienda sus derechos y pueda representar a quien ha sufrido la consecuencia más lastimosa de todas, que es la pérdida de sus dos piernas”.
«En ese sentido, a nosotros nos parece que la posición de la fiscalía de atribuirle responsabilidad exclusiva a los funcionarios del ejército derechamente es impresentable. Así quedó además de manifiesto por la corte apelaciones cuando el presidente de la sala le dijo a la fiscalía que estaba actuando con un sesgo claramente discriminatorio contra las víctimas y también en contra del ejército”, señala.
- ¿Qué más le parece extraño?
“Hay cosas extrañas y muy dudosas en la investigación. A la persona que atropelló a Brayan (Nicol Orellana), no le practicaron la alcoholemia hasta las 9:30hrs. del día siguiente. La mandaron para su casa sin quedar detenida y la detuvieron después de tres o cuatro horas. El abogado de la señora llegó junto con los carabineros y antes que el fiscal (al lugar del accidente). Se comenzó a decir ‘aquí hay que tomar la prueba de determinada forma; hay que tomar estas cámaras y no otras’. Había una serie de fotografías tomadas por los funcionarios militares del mismo momento en que ocurrieron los hechos, se las quisieron entregar al fiscal y este no las quiso recibir. Esas fotografías nosotros las expusimos en la Corte de Apelaciones y les quedó claro a los ministros que la única causa del accidente es el exceso de velocidad en que iba la conductora… un exceso de velocidad tan brutal, que ni siquiera pudo frenar, no hay marcas de frenado en el pavimento”.
- Nicol Orellana sostiene que estaba oscuro y el fiscal señaló lo mismo en la audiencia de formalización.
«Quedó sumamente establecido que había un foco justo frente al lugar donde estaba estacionado el jeep militar. Incluso, antes pasó otro vehículo que no tuvo ningún problema en hacerlo».
- ¿Ustedes tuvieron acceso a la hoja de vida del conductor de la Sra. Orellana?
«Sí. Y se trata de una persona que tiene numerosos antecedentes en su hoja de vida del conductor, donde consta que no se ha detenido en reiteradas oportunidades frente a la presencia de carabineros. Tiene antecedentes por conducción a exceso de velocidad y una serie de antecedentes que dan cuenta de su peligrosidad. Su versión no resulta ser creíble».
- Ella transitaba en horario de toque de queda. ¿Contaba con autorización?
«Ese es otro antecedente que la fiscalía ha pasado por alto y que nos parece sumamente extraño: esta persona dice tener un permiso colectivo de trabajo, pero el permiso colectivo no es un salvo conducto. El permiso colectivo no la habilitaba para conducir a la hora en que ocurrió el accidente. A cualquier persona normal que le ocurre esto, ¿qué le pasa? Parece ella no ser alguien normal o que merezca el mismo tratamiento que todas las personas frente a la justicia… derechamente, debería estar formalizada por las sanciones del 318 del Código Penal, además por un delito (en contra de) la salud pública. Además, seguramente estaría con arresto domiciliario total, incluso con prisión preventiva».
- ¿Qué pasa con el informe de la SIAT?
“Salió el informe preliminar, sin medir huellas de frenado, sin establecer la velocidad sobre la base de la deformación de los metales, sin hablar de la luminosidad del lugar, diciendo que necesitaba ‘más antecedentes’, sin dinámica y sin conclusiones”, concluye el abogado, volviendo a enfatizar en sus dudas respecto a la forma en que se ha llevado la investigación:
«No quiero dudar de la probidad de nadie. Aquí hemos luchado mucho para que se termine el tráfico de influencias y no quiero pensar que acá lo hay, pero lamentablemente hay cosas que son dudosas, que dan para pensar».
