Esta mañana, el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para tener un Nuevo Código Penal en Chile, que busca garantizar penas efectivas de cárcel para los delitos más graves de nuestra legislación.
Según explicaron las autoridades, tener un Nuevo Código Penal es una reforma necesaria y urgente para el país, puesto que el actual Código es el más antiguo de Occidente (1874), y no contempla las nuevas formas de criminalidad que han surgido en las últimas décadas, como son los delitos informáticos, medioambientales, el ciberacoso, el physhing y el pharming, entre otros.
Asimismo, entre las principales deficiencias del actual Código Penal, es que impone penas muy altas para varios delitos, pero que —en la práctica— pocas veces se cumplen con cárcel, por el excesivo peso que tienen las atenuantes. Para hacerse cargo de esto, la reforma presentada hoy establece un nuevo sistema de determinación de penas, que evita que las condenas de los delitos más graves se cumplan en libertad, y además, restringe a las atenuantes, por ejemplo, eliminando la “irreprochable conducta anterior”.
Junto con ello, esta reforma penalizará duramente el crimen organizado, pues reemplazará el delito de asociación ilícita, por el de “asociaciones delictivas y criminales”, abarcando a más grupos organizados.
En este sentido, el nuevo Código establecerá consecuencias adicionales a las penas, como será el denominado “comiso de ganancias”, que operará desde el inicio de la investigación penal y permitirá decomisar todo el patrimonio que han obtenido las bandas criminales organizadas, aunque se trate de activos que estén en manos de terceros, como pueden ser sus familiares.
Otro tipo de consecuencias adicionales a la pena, lo constituyen las inhabilitaciones: se creará un catálogo general de prohibiciones para el desempeño de profesiones o empleos, así como cancelación de acceso a ciertos lugares y realización de actividades, para quienes cometan determinados tipos de delitos.
En otras innovaciones, este proyecto de ley endurece sustancialmente las penas en delitos económicos y de corrupción, permitiendo que, aunque sean primerizos quienes los cometan, se les imponga la pena efectiva de cárcel, junto con establecer multas más altas para los hechores.
En la propuesta legal, también se aumenta la responsabilidad de las personas jurídicas, incorporando a sociedades y universidades del Estado, a entidades religiosas y a partidos políticos, a quienes se les ampliará el catálogo de delitos por los cuales responderán penalmente.
Finalmente, el nuevo Código Penal dejara de expresar las penas en términos confusos para la ciudadanía (presidio mayor o menor, que se divide mínimo, medio o máximo). Desde ahora, se establecen las siguientes penas: la prisión; la reclusión (que puede cumplirse en cárcel o en el domicilio del condenado); la libertad restringida (que se cumple controlada por un delegado y por monitoreo telemático); la multa; y los servicios a la comunidad.
Estas penas, con el nuevo Código, además serán señaladas de manera simple y transparente, con una duración de años concretos, que sólo en casos excepcionales y justificados, se reducirán.