El secretario de Estado indicó que las condiciones sanitarias estarán basadas en las determinaciones impuestas por el Ministerio de Salud del segundo semestre de 2021.
Sin embargo, teniendo en cuenta el avance del proceso de vacunación, aseguró que la distancia social ya no será un requisito mínimo a exigir.
“Ya no es exigible como un requisito mínimo el distanciamiento físico, sino que, obviamente hay que tomar las medidas para que ese distanciamiento se mantenga, pero las exigencias obligatorias son el uso de la mascarilla, la ventilación. Eso, gracias al avance del proceso de vacunación”, sostuvo.
Junto a esta medida, señaló que los establecimientos que no abran en la fecha señalada, arriesgarán una multa que podría llegar hasta los $54 millones.
Frente a esto el presidente nacional del Colegio de profesores, Carlos Díaz indicó que imponer esta medida significaría cometer el mismo error que los dos años anteriores de pandemia.
“Nos parece que más que pretender hoy, como lo hace el ministro de Educación, de imponer una fecha y decir que ya está todo resuelto, creemos que eso es volver al error de los últimos dos años. El camino va más bien por buscar caminos de solución en conjunto entre las comunidades escolares, entre las organizaciones de los docentes, de los trabajadores de la educación”, sostuvo.
El presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de la Federación de Instituciones de Educación Particular, Ricardo Salinas, señaló que considera necesario re estudiar los aforos una vez cercanos al retorno a clases en febrero, y re evaluar el no exigir el distanciamiento social como un requerimiento.
“En algún momento, con el 80% de la vacuna, el instructivo que daba el ministro era que se terminaba con los protocolos, ¿ya?, o sea los protocolos me refiero a los aforos, a los aforos fundamentalmente. Eso yo creo que habría que reestudiarlo ahora cuando nos acercamos. Estamos a menos de dos meses del inicio del año escolar”, sostuvo.
El dirigente, junto al gremio de los profesores, coincidieron en la importancia de incluir distintos actores de la educación en las decisiones del gobierno, apuntando no imponer medidas sin la existencia de un diálogo de por medio.