Diputadas oficialistas junto a organizaciones sociales feministas solicitaron durante esta mañana al Ministerio Publico información sobre las denuncias de violencia sexual ocurridas durante el estallido social.
Esto, luego que el Presidente Gabriel Boric dijera que «personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir», en el marco de las manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre de 2019.
Inmediatamente, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) ofició al Mandatario para pedirle explicaciones y antecedentes de los supuestos casos de violaciones y abusos sexuales cometidos por Carabineros.
Es por esta razón que las diputadas Francisca Bello, Gael Yeomans y Emilia Schneider, junto con representantes de distintas organizaciones sociales feministas, acudieron hasta el Ministerio Público para solicitar información desmenuzada acerca de las denuncias realizadas durante este período de tiempo.
Bello, por su parte, declaró que «creemos que no es responsable insinuar que no hubo violencia sexual por parte de las policías, es por eso que hoy día estamos acá en Fiscalía para entregar una carta para consultar cuantas denuncias hubo en el contexto de estallido social, de denuncias de violencia sexual, pero también queremos saber frente a otros organismos como el INDH, Amnistía Internacional, cuanto acompañamiento hubo y si es que llegaron o no denuncias».
«No se puede borrar de un portazo lo que ocurrió»
En esa misma línea, Yeomans dijo que «creemos, y en esto vamos a estar unidas, que no se puede borrar de un portazo lo que ocurrió en el país, en el estallido social. Cuando hablamos de denuncias de carácter de connotación sexual, estamos hablando de desnudamiento forzoso, de abusos, y distintos delitos que fueron cometidos por parte, en este caso, de la autoridad del Estado y que fueron además presentadas en su oportunidad como denuncia hacia la institucionalidad”.
En tanto, la diputada Schneider fue enfática al señalar que «nos parece inaceptable que diputados de oposición nieguen la violencia de género, nieguen delitos antes que los procesos lleguen a su fin. Queremos decirle a las víctimas que no están solas, que no vamos a permitir que en nuestro país haya impunidad ante la violencia político sexual que ocurrió durante el estallido social».
Asimismo, Mariela Infante, de Corporación Humanas, declaró que «como organizaciones feministas que hemos trabajado por décadas para visibilizar la violencia político sexual, la que ocurrió en dictadura y la que ocurre hoy día en democracia, estamos acompañando esta solicitud de información de las diputadas hacia Fiscalía para que entregue información desagregada respecto a todas las denuncias y principalmente respecto a las diligencias de investigación que se están haciendo para que estos casos que son gravísimos no queden en la impunidad».
Por último, el activista de Disidencias en Red, Rodrigo Mallea, declaró que «le quería informar a la derecha negacionista que según los informes que levantamos organizaciones sociales LGTB, hay más de 62 casos de violencia político sexual hacia disidencias sexuales consignado en el reporte de violencia policial hacia cuerpas (sic) disidentes y son casos de un tenor bastante graves».