El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que “sería un retroceso civilizatorio” si su orientación sexual fuera una motivación para la eventual acusación constitucional que anunció la oposición en su contra tras la polémica por la “guía de sexualidad afectiva”.
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a la medida constitucional que podría enfrentar el secretario de Estado, manifestando que “queda bastante claro por todos los antecedentes que no se trata de una acusación constitucional justa, pero efectivamente la justicia puede no ser la que prime aquí, lamentablemente cada parlamentario tendrá que resolver si es que es justo o no”.
“Yo creo que a la luz de los hechos claramente no lo es, pero creo que el debate de fondo es lo siguiente: aquí se está persiguiendo al ministro por su orientación sexual, y me parece muy peligroso en un país que aspira a ser un país desarrollado”, agregó.
De este modo, Mirosevic destacó que el debate de fondo era la necesidad de un programa integral de educación sexual, el que “se haga cargo de una realidad y que se haga cargo también de la prevención de abusos, porque parte importante de los problemas de educación sexual tiene que ver con enseñarle a los niños a prevenir delitos contra ellos, que denuncien, que se den cuenta, que no callen”.
Respuesta de Ávila
Este lunes, el ministro Ávila fue consultado sobre lo afirmado por el diputado Mirosevic. “No quisiera pensar y menos creer que existen otras motivaciones asociadas a la potencial acusación constitucional que se podría presentar esta semana, pues eso sería ciertamente un retroceso civilizatorio, que fueran considerados esos antecedentes”, respondió.
Respecto al funcionamiento del Ministerio de Educación y de las distintas tareas que tiene asociado también a sus servicios, el secretario de Estado manifestó: “Siempre he estado disponible a responder por la vía que corresponda y de acuerdo al mecanismo establecido democráticamente, a cualquier interrogante que se nos plantee desde cualquier ámbito, no solo desde el Congreso Nacional, sino también de cualquier otro organismo o institución que requiera la información respecto del desarrollo del despliegue de nuestras políticas educativas”.