La Contraloría ha recibido 172 denuncias desde que estalló el caso Democracia Viva en Antofagasta, según cifras entregadas por el contralor Jorge Bermúdez.
La autoridad expuso este martes este martes en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sobre los convenios entre el Estado y distintas organizaciones.
En ese sentido, indicó que la CGR tiene una serie de dificultades para seguir la huella de este tipo de transferencias.
Entre ellas, la Contraloría no puede fiscalizar a privados, cuestionar el mérito de los convenios ni medir los conflictos de interés.
“Si hay pocas normas o esas normas tienen grietas, evidentemente que ahí tenemos un problema. Esto es bien importante, porque si aquí hay poca normativa o la densidad normativa es baja, no necesariamente van a haber grandes hallazgos”, señaló el contralor Bermúdez.
Asimismo, destacó que “a uno le puede parecer algo a todas luces que es poco ético, pero no necesariamente eso poco ético va a ser una ilegalidad o va a ser un incumplimiento de la normativa”.
Contralor: “No existen normas de conflictos de interés”
El timonel de la Contraloría explicó que el 22 de junio pidieron antecedentes al Ministerio de Vivienda por el escándalo de Democracia Viva.
Estos datos fueron entregados el 30 del mismo mes y el 4 de julio decidieron enviar personal especializado a la Seremi de Vivienda de Antofagasta para que realizara una auditoría.
Un día después, la CGR anunció que auditaría todas las transferencias realizadas desde el Minvu a fundaciones desde el 2021 a la fecha.
Asimismo, precisó que no existen “normas de conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidad o probidad de los receptores de recursos públicos”.
“En el caso de Democracia Viva, nosotros podríamos haber hecho el cruce de datos para saber si hay conflicto de intereses, pero es un cruce formal. Voy a ver si son familiares, parientes o están unidos por vínculo matrimonial”, detalló.
Sin embargo, no se podría haber llegado a “vínculos afectivos que no se formalizan en un matrimonio o una unión civil”.
Cabe recordar que una de las aristas que se indaga es la relación de pareja que sostenían la diputada Catalina Pérez (RD) y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade.