Este jueves, Amnistía Internacional (AI) aseguró que la nueva propuesta constitucional que se plebiscitará en Chile en diciembre “contiene muchas amenazas para el ejercicio de los derechos humanos” y deja a la ciudadanía “aún más desprotegida”.
Según el director ejecutivo de AI en Chile, Rodrigo Bustos, el texto “no garantiza que vayan a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, tampoco asegura igualdad y está lejos de poner fin a los abusos que tanto daño hacen a la sociedad, por el contrario, la desprotección que generaría es realmente alarmante”.
Más de 15 millones de chilenos se pronunciarán el 17 de diciembre sobre la propuesta de nueva Constitución elaborada por un órgano dominado por la derecha conservadora y la derecha tradicional.
Las derechas defienden que el documento es mejor que la Carta Magna actual, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), porque “recoge” las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.
La izquierda oficialista, en cambio, califica la propuesta de “dogmática” y “partidista” y denuncia que perpetúa el modelo neoliberal que instaló el régimen y supone “retrocesos” en derechos sociales.
AI alertó principalmente sobre normas contenidas en la nueva propuesta constitucional relacionadas con la salud, las pensiones, los derechos laborales, los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al agua, entre otros.
Para la organización, es “muy riesgoso” que el texto incorpore la libertad de elección entre entidades de salud públicas y privadas, pero que no incluya “una norma tajante que impida a estas últimas discriminar tal como lo han hecho hasta ahora”.
Sobre la seguridad social, Amnistia Internacional denunció que el documento “constitucionaliza” el sistema privado de capitalización individual, un modelo que -en su opinión- es “ineficiente” y “discriminador”
Una de las normas que han generado más polémica es la consagración del “derecho a la vida de quien está por nacer”, que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales.
“La palabra ‘quien’ (en lugar de ‘que’) puede significar una merma en el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres e impide avanzar a otras formas de regulación del aborto más amplio”, apuntó Bustos.
Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad chilena.
Si esta nueva propuesta constitucional finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución porque el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya adelantó que no impulsará un tercer intento.