Tanto el ministro de Justicia, Luis Cordero, como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hicieron hincapié en que parte de la responsabilidad de la entrega de pensiones de gracia a personas sin antecedentes médicos es del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Primero, y en conversación con El Mostrador Radio, el titular de Justicia, se refirió particularmente a la ausencia de antecedentes para acreditar si efectivamente hubo violación a los derechos humanos en 10 casos de otorgamiento de pensiones de gracia.
“La Contraloría en ese punto es bien clara, yo creo que en este tipo de cosas hay que remitirse al informe de Contraloría, que es la manera en que nosotros entendemos que hay un tercero independiente que formula la observación”, comentó Cordero.
El ministro añadió que “lo primero es que son antecedentes incompletos y por eso Contraloría solicita a la subsecretaria que pida la complementación de esos antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que es donde originariamente se habían hecho esas presentaciones. En base al informe de auditoria, la subsecretaría del Interior y la comisión asesora ha requerido esa complementación del informe al INDH con la finalidad de adoptar una decisión respecto de esas personas”.
Minutos más tarde, fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien atribuyó responsabilidad al INDH, y comentó que la normativa exige “una serie de antecedentes que tienen que estar para la revisión de los postulantes, entre ellos la ficha de postulación, el consentimiento informado, los antecedente personales de las personas, los antecedentes médicos y la certificación del INDH“.
Agregó que “ningún funcionario del Ministerio del Interior le pide directamente a los afectados” y que dichos documentos los solicita el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“El certificado del INDH es muy explícito” comentó Monsalve, y agregó que el documento asegura que “en virtud de la revisión de todos estos antecedentes, (el Instituto) ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas, producidas en el marco del estallido social (…) tiene la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”.
Recordó además que, originalmente, la Contraloría cuestionó 19 casos por falta de méritos médicos para la entrega de pensiones de gracia, y que en una primera respuesta del INDH se pudo certificar que nueve pensionados si cumplían con los requisitos.
Además, dijo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos habría entregado antecedentes para justificar los 10 casos restantes, datos que se encuentran en revisión.
“Nosotros hemos recibido esos antecedentes por parte del INDH, que están en revisión en estos momentos para ser incorporados entre la respuesta que tenemos que entregarle a la Contraloría”, para lo que tienen plazo hasta el 8 de marzo.