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Tohá confirma revocación de 27 pensiones de gracia: 6 fueron entregadas por administración Piñera

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno revocará 27 pensiones de gracia que fueron entregadas a personas con antecedentes penales, que fueron consideradas víctimas del estallido social.

Se trata de 21 beneficios que fueron entregados por la actual administración del presidente Gabriel Boric, así como otras seis otorgadas durante el mandato de Sebastián Piñera.

Así se determinó tras la revisión de 69 casos de personas con antecedentes penales que recibieron la pensión de gracia.

“Esa evaluación terminó. La definición es que se están procesando ya, mandando a Contraloría las distintas carpetas con los decretos que dejan sin efecto un número total de 27 pensiones de gracia”, aseguró la ministra del Interior, Carolina Tohá, en entrevista con Canal 13.

“De esas 27, 21 corresponden a pensiones asignadas durante nuestro gobierno y seis corresponden a pensiones asignadas durante el gobierno del presidente Piñera”, aclaró.

En ese sentido, Tohá enfatizó que “respecto de estos 69 casos donde había antecedentes penales ya se hizo la revisión completa, pasó por la Comisión, chequeo, y en definitiva el Presidente de la República, que tuvo la palabra final”.

“Pero en paralelo, el Presidente nos ha encomendado que revisemos todas las otras pensiones”, puntualizó la secretaria de Estado.

De todas maneras, la ministra Tohá reconoció que “ahora es más lento, porque son en total 18 mil, entonces es una tarea que va a tomar tiempo”.

Recordemos que un informe de la Contraloría General de la República reveló que 58 beneficiados con pensiones de gracia -tras el estallido social- cuentan antecedentes penales, incluidos delitos violentos.

Entre ellos “se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.

Además, el ente contralor dejó en evidencia que hay casos en los que no se presentaron antecedentes médicos para respaldar el relato de quien postuló al beneficio.

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