El Gobierno concretó la expulsión de 62 ciudadanos bolivianos que se encontraban detenidos en las cárceles de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, condenados por el delito de tráfico de drogas.
Bajo estrictas medidas de seguridad y sanitarias, 30 mujeres y 32 hombres fueron trasladados en un bus, resguardado por personal policial, desde la prefectura de Alto Hospicio hasta el paso fronterizo de Colchane.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que “todas las personas extranjeras que viven en nuestro país no pueden estar ni en condición irregular, porque se exponen a un procedimiento de expulsión administrativa, ni tampoco pueden infringir nuestra norma jurídica, peor si cometen delitos, porque en ese caso los tribunales pueden, para todos aquellos que cometan delitos que tengan penas inferiores a 5 años, sustituir sus penas privativas de libertad por la expulsión del país y la prohibición de ingreso al menos por un plazo de 10 años”.
En el operativo estuvieron presentes el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, y el jefe regional de la PDI, César Cortés, además de los gobernadores provinciales de Iquique y el Tamarugal, Álvaro Jofré y Juseff Araya.
“Ya llevamos 532 ciudadanos bolivianos expulsados (en lo que va del año). En la semana viene otra expulsión de ciudadanos peruanos, proceso que también haremos junto a la PDI. Estamos cumpliendo lo que la comunidad nos ha pedido, que aquellos ciudadanos extranjeros que estén en las cárceles sean expulsados. Aquí hay una muestra más de que en pandemia seguimos trabajando”, declaró el intendente Quezada.
El prefecto inspector César Cortés señaló que estos operativos “son el resultado de la coordinación de varias instituciones, con la intendencia, las gobernaciones de Iquique y el Tamarugal, y también con Gendarmería. Hemos tomado las medidas sanitarias respectivas y resguardado los derechos que tienen todas las personas”.
