El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, planteó la necesidad de establecer «confianza y seguridad», a través de un marco regulatorio adecuado antes de la implementación de la red 5G en Chile.
Esta tecnología generará un enorme flujo de datos, los que pueden ser utilizados tanto en la industria como en la vida cotidiana. La red 5G permitirá multiplicar por diez la velocidad de navegación y tendrá cien veces más capacidad que las actuales redes 4G.
«Implica inmensos desafíos y nuevas responsabilidades», dijo Jaraquemada, quien advirtió que en Chile «somos del grupo que está muy retrasado» en materia de legislación.
«Nos vemos desafiados, entonces, para robustecer normas sobre ciberseguridad y protección de datos personales hoy para recibir bien el mañana», aseguró.
«La nueva tecnología plantea riesgos de ciberseguridad al incorporarse a sectores industriales como la salud, energía, transporte o minería. Esto conllevará no sólo un incremento de la productividad, sino también riesgos de ser víctimas de ataques cibernéticos«, recalcó el titular del CPLT.
Ante ello, insistió el abogado, se requiere reforzar y perfeccionar el marco normativo, para que se haga cargo de las carencias de la legislación vigente tanto en materia de ciberseguridad como en protección de datos personales.
«La precisión de la red 5G para geolocalizar e individualizar a las personas da cuenta de la necesidad de reforzar la legislación vigente en materia de protección de datos personales, sobre todo tras los ejemplos de control de la pandemia que vimos en el mundo y el debate sobre libertades y privacidad», analizó.
Respecto de la legislación en materia de datos personales, el titular de transparencia subrayó que «aún no contamos con una ley adecuada a nuestros tiempos y la iniciativa de ley que tramita el Congreso se encuentra estancada en la Comisión de Hacienda del Senado, en su primer trámite Constitucional desde enero».
Finalmente, Jaraquemada hizo un llamado a «avanzar de manera rápida en estas materias para atender necesidades actuales y recibir los beneficios del futuro bajo un marco de confianza y seguridad. Estamos seguros que tanto el Gobierno como el parlamento están conscientes de lo que se avecina».
