La Contraloría General de la República evacuó un informe de más de cien páginas sobre la investigación en torno a la Municipalidad de San Ramón, “corroborándose que en el municipio se desempeñan 54 personas con condena por crímenes o simple delito”, quienes “deberán dejar sus cargos”, señaló el órgano fiscalizador, otorgando un plazo de dos meses a la administración edilicia para concretar la salida de esos funcionarios.
La entidad liderada por Jorge Bermúdez advirtió, además, que derivó los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
De acuerdo al informe de 130 páginas sobre las anomalías en el municipio que encabeza el alcalde Miguel Ángel Arriagada, “no corresponde que la Municipalidad de San Ramón contrate bajo la modalidad a honorarios y mantenga en servicio en tal calidad, a quienes se encuentran condenados por crímenes o simples delitos“.
Según la Contraloría, cuatro funcionarios contratados por el municipio entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019 tenían vínculos de parentesco con directivos, jefes de departamento o concejales, lo que contraviene lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades.
Además, 18 trabajadores a honorarios fueron contratados pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos y otras 36 personas contratadas presentan anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de antecedentes penales del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Dichas contrataciones no se encuentran registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.
La Contraloría también estableció desembolsos por $5.503.888 por prestación de servicios a honorarios, sin que el municipio respaldara esas erogaciones, entre otras irregularidades.
