Por José Santelices.
El viernes 4 de octubre de 2019, el Ministerio de Transportes hacía un anuncio en apariencia, rutinario e inofensivo: a partir del día 6 del mismo mes, el pasaje de Metro subiría $30. Durante los días siguientes, comenzarían las evasiones en el transporte subterráneo capitalino, en un movimiento protagonizado mayoritariamente por escolares, que fue escalando bajo la consigna “evadir, no pagar, otra forma de luchar”.
Con el paso de los días, el anuncio inofensivo se transformaba en una avalancha imparable: estaciones de Metro cerrando intermitentemente, pasajeros viendo alterada su rutina de desplazamientos, protestas y manifiesto descontento. Todo, impensable para las autoridades de Transporte y generado a través de una cuenta de Instagram focalizada en “memes” llamada Cursedin, administrada por alumnos del emblemático Instituto Nacional.
Y, así, llegó el viernes 18 de octubre. Dentro y fuera de las estaciones de Metro se producían incidentes, cada vez más serios, tanto que toda la red tuvo que dejar de funcionar, afectando a miles de santiaguinos. La reacción del gobierno se materializó en la interposición de querellas por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, con el fin de restablecer el orden público. A poco de ponerse el sol, los focos de protestas brotaban como callampas en Santiago y en otras ciudades del país.
A las protestas se sumaron múltiples episodios de violencia, saqueos e incendios intencionales. Avanzaba la hora y la situación estaba fuera de control. Ese era el panorama que se le informó al primer mandatario la noche de ese viernes “bisagra”, a su regreso a La Moneda, lugar del que se había retirado horas antes, confiado en que sería un fin de semana normal.
En las oficinas presidenciales, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hacía un relato de los pormenores de la situación. El ministro Andrés Chadwick, intentaba reflexionar y ponderar los hechos. Caras largas, ceños fruncidos, incredulidad, malas sensaciones y otros sentimientos negativos, invadían a los presentes. En definitiva, decisión tomada: decretar estado de emergencia y toque de queda a partir del sábado 19 para las comunas de la capital, medida que luego se extendió a, prácticamente, todo el territorio nacional.
El mismo sábado 19, se realizó en dependencias de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, una reunión para abordar la situación, a la que asistieron los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Sobre el contenido de las materias tratadas, circulan tantas versiones como se quiera encontrar. Según uno de los presentes en dicho encuentro, las filtraciones ocurren “porque no es que uno entre a una reunión y después no hable con nadie… es natural que uno hable con su equipo de trabajo…”. Sin que nadie lo busque, se transforma en una caja de renonancia y esto se replica exponencialmente. Dato duro: dos de los asistentes a la reunión referida, hoy son funcionarios de la ANI. El representante de la Armada, Almirante (r) Allan Nettle y el de la PDI, Manuel Leiva. El primero, representa la influencia de los marinos en la agencia, liderada por otro ex almirante, Gustavo Jordán.
Lo que es una realidad, eran las tensiones presentes entre el entonces director de la ANI, Luis Masferrer y el ex ministro Alberto Espina, quien, según fuentes conocedoras de la trama, “aspiraba a ser más relevante de lo que sus capacidades le permitían, y en su afán protagónico, buscaba contradecir al director (Masferrer), quien sostenía que en el estallido no había intervención extranjera, sino que una reacción producto de la preparación de la Mesa de Unidad Social para ‘funar’ a la Apec y la COP25”. Para la ANI, “se fue creando un espacio de violencia y los ataques a las estaciones de Metro se produjeron porque las cerraron y quedaron sin protección policial”.
Respecto a la intervención extranjera, cabe recordar que es una situación que no ha sido aclarada a cabalidad. Muchos antecedentes quedaron en una nebulosa, considerando que está comprobado el ingreso a Chile, por Colchane, de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades, provenientes de Bolivia, en el mes de septiembre. Otro dato duro: muchos de ellos regresaron al país altiplánico y hoy se encuentran detenidos allá. Misma suerte corrió un grupo de colombianos, también provenientes desde Chile, en circunstancias confusas, moviéndose ilegalmente por la frontera.
Cabe consignar que hablamos con Luis Masferrer para tener su versión, pero se excusó de hablar, señalando que era extemporáneo y que se encuentra abocado al ejercicio de su profesión de abogado.
La tarde del domingo 20 de octubre, el presidente Piñera se dirigió al país, con el fin de referirse a las acciones del gobierno destinadas a contener el vandalismo y la violencia. Es en esa oportunidad en la que pronuncia la frase más polémica de su mandato: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas, que está dispuesto a quemar hospitales, nuestras estaciones de Metro, nuestros supermercados, con el propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos”.
AMIGO DE LOS ADJETIVOS
Si hay un rasgo característico en las declaraciones e intervenciones del presidente Piñera, es la utilización de adjetivos. Llega a ser majadero y reiterativo. Las calificaciones de “enemigo poderoso”, “cruel” o implacable, aparecen en una serie de intervenciones, empleadas en diferentes contextos y ante audiencias diversas, desde el inicio de su mandato y antes del 18-O.
Así lo refrenda el periodista Carlos Tromben en una nota publicada en Ciper en diciembre de 2019, a propósito de la famosa frase “estamos en guerra”: “el mes anterior al 18 de octubre Piñera pronunció treinta discursos. El primero fue durante el Te Deum, donde alabó a Dios y la Patria; el último fue el 17 de octubre, acompañado por una pareja de migrantes venezolanos cuyo hijo pequeño había fallecido víctima de una bala loca (el discurso del niño Baltazar). Con los padres de Baltazar sollozando a su lado, Piñera dijo que ‘la delincuencia es un enemigo formidable, poderoso, cruel, implacable’. Los clásicos tres adjetivos sobrepuestos”.
El denominador común en las intervenciones presidenciales en las que apelaba a los recursos conceptuales señalados era, según Tromben, “la existencia de un enemigo formidable, poderoso, implacable, que no respeta a la población ni a la propiedad, al que hay que combatir. Este enemigo se asocia a ‘la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo’ y se le atribuyen rasgos atemorizantes como la sofisticación tecnológica, el armamento de guerra, la creatividad criminal, la acción permanente, el respaldo legal y económico, la adaptación y la maldad absoluta (“está dispuesto a cometer las atrocidades más grandes”, 15/10/19)”.
En junio de 2018, al firmar el proyecto de ley que aumentaba las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados, el presidente señalaba: “Ya son demasiadas las muertes, la violencia desatada, las familias y ciudadanos aterrorizados, los policías agredidos o asesinados… no solamente nuestro Gobierno, nuestra sociedad está en guerra contra la delincuencia y el narcotráfico, y todos sabemos que ésta es una guerra dura y difícil, porque al frente tenemos un enemigo cruel, implacable y poderoso, que no respeta a nada ni a nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos”. Nuevamente, aparecen los conceptos y adjetivos superpuestos.
No cabe duda, en consecuencia, de que malamente se puede suponer que las expresiones del presidente en su intervención del domingo 20 de octubre del año pasado, estaban basadas en la información recibida desde diversos órganos de inteligencia y del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, a quién se le atribuye haber convencido al presidente de que, en la organización de los eventos ocurridos en los días previos, había intervención extranjera, pese a que la sospecha estaba incrustada en los pasillos de La Moneda, y no sin fundamentos: “había coordinación, coincidencia en los tiempos, organización… demasiado para pensar en mera espontaneidad”, señala una fuente desde la casa de gobierno, que agrega que “el factor ‘crimen organizado’ también estaba y está presente”.
Ciertamente, las frases pensadas, recicladas y adaptadas a diferentes contextos y audiencias, son una constante en las intervenciones presidenciales, y la del “estamos en guerra”, no fue la excepción.
EL INFORME “BIG DATA”
Desde la ANI, se sostenía que lo que ocurrió el 18-O es que se fue creando en los días previos un “espacio para la violencia. Los tipos se organizaban por redes sociales y la crisis fue escalando”. Hizo su aparición en escena el lumpen, los saqueos arreciaron y la situación se salió de control. Luego, las noticias “se fueron tergiversando y amplificando por redes sociales desde el extranjero”, afirma la fuente.
En ese contexto, en diciembre se conoce el denominado informe “Big Data”, elaborado por la empresa española Alto Data Analytics, cuyo objeto era “un análisis de 112 páginas que resumió el comportamiento de las redes sociales desde el 18 de octubre, en el cual se fundamentaba la teoría de injerencia extranjera en los disturbios”, como consigna el miércoles pasado una nota de Atentos Chile.
El informe ‘Big Data’, fue puesto a disposición de la fiscalía por el gobierno y de ahí, al olvido, al menos hasta ayer, oportunidad en que “el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, afirmó que las investigaciones por los hechos de violencia en el estallido social son difíciles por tratarse de hechos que, al contrario de lo asegurado por el Gobierno, no tienen coordinación entre sí. En ese sentido, el persecutor aseguró el que el informe Big Data fue solo «humo»”.
Distinta es la apreciación en el Gobierno. Públicamente, el subsecretario Juan Francisco Galli declaró sobre el Big Data que “hay mucha información, ese es el gran error;confundir inteligencia con investigación criminal. Son distintas las autoridades; la fiscalía está a cargo de la investigación penal, de entender los fenómenos que están ocurriendo en nuestro país, para nosotros fue relevante (el ‘Big Data’)”, agregando que “todo antecedente es valioso, particularmente si hay algo que no se entiende”. En privado, la crítica a la fiscalía es ácida: “en todo este tiempo no han sido capaces de aclarar nada… son unos incapaces, niegan hasta la coordinación en los hechos de violencia”, señala una fuente que opta por la reserva.
Así, a pasos agigantados nos acercamos al aniversario del estallido, social para algunos, de violencia, para otros. Una fecha “bisagra”, que marca un nuevo e incierto rumbo para Chile y que es la génesis del abandono del programa de gobierno y del inicio de una etapa compleja, pandemia mediante, como ingrediente perfecto para sostener la incertidumbre.
Surgen los análisis, las filtraciones de información sobre los dichos y conductas de los actores involucrados, muchos de los cuales quedaron en el camino. Surge el temor respecto a lo que pueda pasar este domingo y asoman las dudas de cuánto pueda afectar el contexto presente en el plebiscito constitucional del 25 de octubre.
Con buena o mala letra, esta historia sigue escribiéndose, con personajes movidos por el sesgo de su conveniencia, que se exculpan y culpan a otros, en una trama de deslealtades y miserias, ‘rasca’ y chaquetera, ‘típico chileno’.
