El senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó una solicitud a la Corte Suprema, en la que solicita hacerse parte de la instancia que resolverá la petición ingresada por el ministro de Salud, Enrique Paris, en contra del mecanismo resuelto por la justicia para la entrega de los correos electrónicos en el caso por muertes covid.
La acción de Paris busca dejar sin efecto la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que definió el mecanismo con el que la Secretaría de Estado deberá entregar los correos que solicitó la Fiscalía en la investigación por el número de muertes asociadas al coronavirus.
El escrito firmado por el abogado del senador, Roberto Santa Cruz, señala que “dado que la referida solicitud incide directamente en el proceso penal ya singularizado, y atendido el evidente interés que concierne al querellante, vengo en hacerme parte en esta instancia (…), tal y como lo han hecho los abogados de los querellados, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el Presidente Sebastián Piñera”.
Para Navarro, “la defensa de Mañalich y el Presidente Piñera han interpretado a su manera el fallo del Séptimo Juzgado, que es claro en señalar que es la PDI bajo la supervisión de un fiscal la que deberá obtener dos copias de la totalidad de los correos en los cuales recae la medida, y es el Minsal el que debe singularizar cuáles excluirá bajo las dos causales determinadas por la Suprema. El ministro Paris repite la estrategia de Mañalich”.
El parlamentario progresista argumentó que “el ministro Paris decidió entrampar la diligencia, siguiendo la estrategia de los abogados Zaliasnik y Donoso. Yo esperaría que no obstaculicen la justicia, pues no es una investigación de la izquierda, es la Fiscalía y hay eventuales delitos que tienen que ver con el manejo negligente de la primera etapa de la pandemia en Chile”.
“Una vez que el Minsal seleccione los correos que tienen que ver con la compra de insumos y con el despliegue de tropas militares, tal como señala el punto 4 de la resolución del juzgado, será el Ministerio Público el que revise los documentos singularizados para constatar si se ajustan a los criterios establecidos. No puede haber una doble interpretación”, concluyó Navarro.
