El ministro del Interior, Víctor Pérez, reiteró este viernes que la acusación constitucional en su contra está mal planteada, debido a que Carabineros no depende de su cartera en Estado de Excepción. En tanto, el titular de Defensa, Mario Desbordes, afirmó que no está molesto por el curso que está tomando el tema.
Pérez y Desbordes coincidieron hoy en una actividad por el plebiscito en una escuela de la comuna de Santiago, donde se les consultó por el argumento de la defensa del ministro del Interior, en cuanto a que la acusación le asigna facultades que no tiene durante el estado de excepción.
«El fondo del tema es que los hechos no son susceptibles de ninguna acusación constitucional, está jurídicamente mal planteada y, por lo tanto, lo que se hace es representar con claridad las inconsistencias jurídicas, quienes redactaron la acusación no tuvieron el rigor de argumentarla jurídicamente», dijo Pérez.
«Tanto en el escrito que presentó mi defensa y lo que plantearé yo en la fecha que corresponda, vamos a reiterar que el Gobierno en su conjunto no ha cometido ninguna falta, ni este ministro, ni ninguna autoridad del país», añadió Pérez. Su defensa ingresó ayer su respuesta al libelo acusatorio en la comisión ad hoc de diputados.
Por su parte, el ministro Desbordes descartó cualquier polémica con el titular de Interior, aunque admitió que habló del tema con el Presidente Sebastián Piñera. Según se desprende de la defensa de Pérez, las fuerzas policiales también dependen de la cartera de Desbordes durante el Estado de Excepción.
Sin embargo, Desbordes enfatizó que «no me cabe ninguna duda que no hay sustento jurídico para acusar constitucionalmente al ministro Pérez. Respecto de la policía, en algunos casos está bajo los jefes de la defensa y en otros casos del Ministerio del Interior. Pero lo importante aquí es que acá no hay sustento para la acusación”.
La acusación contra el ministro Víctor Pérez está compuesta por tres capítulos: el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley, debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales; y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado, respecto del accionar de Carabineros de Chile.
