El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, reiteró el rechazo del Gobierno a un indulto para los detenidos en manifestaciones desde el estallido social del 18 de octubre del 2019 y afirmó que sólo tres personas se encuentran en prisión preventiva, de más de 1.000 imputados por Ley de Seguridad del Estado (LSE).
En entrevista con radio Cooperativa, Galli detalló que desde el 18 de octubre del 2019, el Gobierno interpuso 531 querellas contra 1.774 imputados por distintos delitos y reveló que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1.073 imputados.
De esos 1.073 imputados, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 están con otras medidas cautelares, 59 están condenados, dos sobreseídos y hay 489 que no han sido formalizados.
Por lo anterior, el subsecretario señaló que «cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas personas que ni siquiera han sido condenadas, claramente la señal es totalmente equivocada».
«Aquellas personas que cometieron graves delitos, graves hechos de violencia, incluso utilizando utilizando artefactos incendiarios, agrediendo a fuerzas policiales o destruyendo la propiedad pública o privada, van a quedar libre de sanción, creo que eso es una mala señal para el futuro», agregó.
