La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar $40.000.000 a 31 de los 33 mineros que estuvieron bajo tierra tras el derrumbe de la mina San José en agosto de 2010, aludiendo la negligencia y daño general provocado por el Estado tanto antes como después del hecho.
De acuerdo a la resolución -revelada por 24 Horas– la indagatoria evidenció que el Estado faltó a su deber de protección, incluyendo a diversos organismos públicos «actuando de manera negligente en el cumplimiento de sus funciones (…) debe responder por la falta de servicio alegada y acreditada, por lo que el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por él, será mantenido».
Asimismo, la sentencia reveló la necesidad de que el Fisco responda por los «perjuicios ocasionados a los actores, siendo acogida la demanda dirigida en su contra».
La Corte recalcó que “los 33 trabajadores no hubiesen terminado enterrados vivos en dicho yacimiento” si los diferentes órganos del Estado hubiesen cumplido su obligación legal, considerando las actividades de riesgo efectuada por la minera San José y la «falta de condiciones de seguridad evidentes desde años antes del accidente».