La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya determinó no investigar las denuncias sobre eventuales violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
El organismo se pronunció respecto de la alegación ingresada contra el Presidente Piñera por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad registrados en el marco del estallido social. De acuerdo a lo informado por la Cancillería durante la tarde de este miércoles la CPI desestimó el requerimiento.
Según informó la Radio Biobío, la información ya fue notificada al Estado de Chile y detalló que dicha Fiscalía envió durante esta semana un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y estarían siendo notificadas todas las organizaciones de derechos humanos que presentaron denuncias ante la Corte.
De acuerdo con la información, se descartó que existieran antecedentes que se podrían considerar delitos donde la CPI pueda tener jurisdicción legal.
También se señaló que los episodios denunciados ante la Corte Penal Internacional no tendrían el mérito para abrir dicha investigación.
La Cancillería manifestó que el “Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido”.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos envió el pasado 10 de septiembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el informe final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, respecto de la actuación del Gobierno en relación con las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
Dicho documento era “un insumo relevante y complementario respecto de los hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad denunciados el día 29 de abril 2021 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, comunicación en la que se denuncia al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, y demás autoridades civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad en el marco de la crisis de derechos humanos producida a partir de la denominada ‘revuelta social’”.
