La tarde de este viernes se anunció que la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite el recurso de protección presentado por Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama, dictando la orden de no innovar que suspende proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.
La acción judicial había sido ingresada por el gobernador Vargas antes de que el Ministerio de Minería anunciara la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían.
En tanto, dos de los diputados que este jueves habían presentado un recurso de protección en la Contraloría General de la República para declarar ilegal el proceso, Catalina Pérez (RD) y Raúl Soto (PPD), celebraron la decisión de la Corte.
“Es evidente la afectación de derechos de las comunidades que implica esta adjudicación, los diversos recursos de protección y hoy el pronunciamiento de la Corte han dado cuenta de ello”, sostuvo Pérez, añadiendo que “la decisión del gobierno es un problema económico, estratégico, ambiental y de derechos“.
Por su parte, Soto afirmó que “valoramos tremendamente la valentía de la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que hizo lo que evitó la Corte de Apelaciones de Santiago“, indicando que “todas las acciones, toda la presión política y social que se ha ejercido en los últimos días no ha sido en vano“.
