La publicación inglesa de corte liberal The Economist publicó este miércoles una nota en la que dan su opinión sobre la propuesta de nueva Constitución y su veredicto es categórico: llama a rechazarla en las urnas.
El artículo se titula “Los votantes deberían rechazar el nuevo borrador constitucional de Chile”, calificándolo de un “magno error” y de un “desastre fiscalmente irresponsable”, además de situarlo como parte de la tendencia “woke”.
Para empezar, de acuerdo al texto de la publicación inglesa, el documento “es absurdamente largo, con 388 artículos. Es también fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista”.
“Para ser justos, omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, dominada por los izquierdistas. Entre ellas, la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PIB) y la supresión de la Cámara Alta. El banco central mantiene su independencia, aunque se han ampliado sus competencias para incluir “la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural”, puntualiza la revista. Incluso añade que “algunas ideas son loables. El documento exigiría la devolución de algunas competencias a las regiones, y daría a los indígenas el derecho a ser enseñados en sus propias lenguas en las escuelas”.
Sin embargo, agrega que “en general, el borrador es un embrollo confuso, lleno de un lenguaje impreciso que garantiza más o menos décadas de disputas sobre lo que realmente significa. La ‘naturaleza’ tendría derechos. El proyecto menciona el “género” 39 veces. Las sentencias judiciales, la policía y el sistema nacional de salud tendrán que funcionar con una “perspectiva de género”, que no define”.
También alerta que “el documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la Constitución actual. Da a los sindicatos el derecho exclusivo a representar a los trabajadores, les garantiza la participación en la toma de decisiones de las empresas y les permite hacer huelga por cualquier motivo, no sólo los relacionados con el trabajo. Dice que todo el mundo tiene “derecho al trabajo” y que “se prohíbe toda forma de precariedad laboral”. Esto podría dificultar el despido. Los propietarios de tierras, como los agricultores, podrían perder los derechos de propiedad del agua en sus tierras. La compensación por las tierras expropiadas no sería a precio de mercado, sino a lo que el Congreso considere “justo”.
Frenos y contrapesos
Respecto de los derechos, The Economist postula que “el proyecto crea un portafolio de derechos socioeconómicos que podría disparar el presupuesto. Exige la creación de varios organismos nuevos, como un servicio nacional de salud y un sistema de atención desde la cuna hasta la tumba, sin pensar demasiado en cómo se financiarían. El Estado supervisaría la provisión de vivienda, a la que dice que toda persona tiene derecho. Se prohibiría la especulación inmobiliaria. También la educación con fines de lucro”.
Otra cosa que preocupa a la revista es el sistema político que incluye la propuesta. “Los controles legales de frenos y contrapesos del gobierno se diluirían. Un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales; anteriormente el Tribunal Supremo, el presidente, el tribunal de apelaciones y el Senado tenían un papel. El proyecto modifica el proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos”.
