En la comisión Constitucional a efectuarse este martes, la diputada Lorena Fries (Independiente-CS) presentará un proyecto de ley para abolir definitivamente la pena de muerte del ordenamiento jurídico.
Vigente actualmente la pena de muerte en el Código de Justicia Militar que la considera para delitos en tiempos de guerra, entre ellos, se cuenta la traición a la patria, rebelión militar en presencia del enemigo y sedición o motín militar.
Asimismo, está la negativa abierta a cumplir una orden de servicio, ante el enemigo, maltrato de obra a un superior causándole la muerte, entre otras.
La parlamentaria aseguró que “este proyecto de ley se inspira en entender que los argumentos basados en la tradición militar no pueden sobreponerse a la evolución del ordenamiento jurídico en orden a adoptar medidas para abolir la pena de muerte”, detalló.
“La legislación vigente va en sentido contrario a los tratados suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos, como la propia Declaración Universal y el Estatuto de Roma” afirmó Fries.
La parlamentaria recordó que la pena de muerte fue derogada como castigo para delitos comunes en 2001, no obstante, según destacó, Chile continúa entre los países que no han derogado completamente la pena de muerte, junto a Brasil, Perú, Israel, El Salvador, Guatemala, y Kazajistán.
“Toda la evidencia jurídica muestra la nula capacidad disuasiva de la pena de muerte”, resaltó la exdirectora del INDH, asegurando que la iniciativa legal busca cambiar la pena de muerte por presidio perpetuo calificado.
Por otro lado, además, la parlamentaria destaca lo que sucede con el artículo 418 del Código de Justicia Militar, vigente desde 1944.
“Esta disposición legal, es la que permitió los consejos de guerra a partir de 1973”, destaca Fries.
Esto último, porque considera que el estado de guerra se entiende “no solo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad a las leyes respectivas, sino también cuando de hecho existiere la guerra o se hubiere decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración oficial”, indicó.
“No es posible que la pena de muerte exista en nuestro ordenamiento jurídico como una posibilidad de ser usada como método de acción política”, cuestionó.
“Este proyecto, además de poner a Chile en sintonía con la tendencia en el Derecho Internacional, es también una medida de reparación hacia los familiares de las personas ejecutadas usando el mecanismo de los consejos de guerra durante la dictadura”, concluyó la diputada Fries.
