Carolina Tohá asumió como ministra del Interior en reemplazo de Izkia Siches tras el primer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric.
La decisión fue valorada por el oficialismo, sobre todo en Socialismo Democrático, pero desde la oposición fue criticada, especialmente por su gestión como alcaldesa de Santiago.
Este martes, Carolina Tohá (PPD) asumió como ministra del Interior y Seguridad Pública en reemplazo de Izkia Siches, luego del primer cambio de gabinete realizado por el presidente Gabriel Boric a casi seis meses de haber asumido el mandato de la República.
La decisión fue valorada por el oficialismo, sobre todo en Socialismo Democrático. Sin embargo, desde la oposición criticaron su designación, especialmente por un juicio de cuentas que mantiene pendiente en Contraloría de cuando fue alcaldesa de Santiago y su “responsabilidad política” en el caso SQM.
El juicio de cuentas por «gastos improcedentes» que lleva la Contraloría General de la República contra la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sigue en primera instancia luego de casi cuatro años en curso.
Pendientes
Según consignó El Mercurio, el ente fiscalizador en 2019 emitió un informe catalogando como «gastos improcedentes y sin respaldo» el uso de 265 millones de pesos mientras (Tohá) se desempeñaba como alcaldesa en la comuna de Santiago, entre los años 2012 y 2016.
La resolución de dicha auditoría señaló que se usaron recursos públicos que estaban destinados para ciertos fines, como la Subvención Escolar Preferencial, pero que finalmente derivaban en otras cosas, incurriendo en una irregularidad administrativa. En el mismo, se destaca el pago de una indemnización a un profesor; la contratación de cursos; compra de elementos tecnológicos y la adquisición de infraestructura para colegios.
El documento, además, sostiene que se realizaron gastos por remuneración indebida y que se rindieron facturas erróneas. Este juicio se encuentra en su primera instancia, en la etapa probatoria, donde se recaban antecedentes del informe de auditoría y escuchan argumentos de la defensa; luego, se debería dictar una sentencia.
Aun así, todos los sumarios y juicios de cuentas se mantuvieron congelados por la pandemia del Covid-19, retomándose algunos de ellos este año, sin embargo, éste podría demorarse hasta tres años en concluir, debido a la lentitud de los procesos.
Desde la Contraloría anticiparon que esta investigación, al no ser un proceso judicial sino administrativo, no debería tener problemas tras el arribo de la exalcaldesa al Gobierno.
