Las diputadas Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardia buscan apelar contra un fallo que rechazó un recurso de protección contra el examen.
Parlamentarias oficialistas decidieron recurrir a la Corte Suprema por el test de drogas obligatorio que se está aplicando en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Se trata de una nueva arremetida de las diputadas Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardia, quienes ya habían presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones.Las diputadas plantearon que el test vulneraba sus derechos fundamentales como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada, según recogió La Tercera.
A fines de agosto, el recurso de protección fue declarado inadmisible por el tribunal de alzada, que afirmó que “no se advierte en el recurso la existencia de hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales protegidas por esta vía”. Sin embargo, la Corte Suprema terminó por admitir un recurso de las parlamentarias, revocando la decisión de la Corte de Apelaciones.No obstante, y tras una nueva revisión del documento, el tribunal porteño terminó por rechazar el recurso de protección.
Ahora se pretende apelar contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, apuntando que “la sentencia yerra al señalar que el Reglamento fue dictado en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren a la Cámara de Diputados por el artículo 4 de la LOC del Congreso Nacional, lo que descarta su ilegalidad, pues la ilegalidad se funda en la necesidad de norma legal expresa que permita afectar derechos fundamentales y excepcionar la aplicación de textos legales vigentes”.
Y afirmando que existiría un error “al señalar que de la exposición de los hechos no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan, pueda afectar sus garantías constitucionales, pues precisamente el reglamento afecta los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, y la protección de los datos personales de las parlamentarias”.
