El exfiscal Rodrigo Ríos, integrante de la quina para el cargo de fiscal nacional, firmó en 2018 un mandato amplio que lo habilitaba para representar a Richard Riquelme, narcotraficante apodado como Richard Rico, también reconocido como «el chileno más peligroso del mundo», en un caso de extradición ante la Corte Suprema.
Acorde al proceso establecido, el lunes la Corte Suprema seleccionó a cinco aspirantes de entre 17 postulantes, votando enviar una lista corta al Ejecutivo que quedó compuesta por el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales; el fiscal de Aysén, Carlos Palma; el abogado Ángel Valencia; la jefa de la unidad Jurídica y de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, y el abogado Rodrigo Ríos.
La inscripción de candidaturas exige que los abogados firmen una declaración jurada asegurando no estar sujetos a inhabilidades.
Mientras, el artículo 61 de la Ley 20.000 (Ley de Drogas) indica que los juristas que se desempeñen en servicios de la administración del Estado «no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley».
Para aquello, «el juez de garantía o el Ministerio Público, en su caso, deberá informar a la Contraloría General de la República sobre la identidad de los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios» de los mencionados imputados.
De acuerdo a La Tercera, hay documentos que evidencian que la relación laboral con Riquelme se mantuvo hasta al menos el 28 de diciembre del 2021. Ese antecedente más las disposiciones ya mencionadas, lo dejarían fuera de la elección de nuevo fiscal nacional.
El exfiscal Ríos explicó al citado medio que su labor fue de patrocinante del acusado pero que, a su consideración, aquello «no es una inhabilidad, porque se trata de una tramitación que es técnica, una extradición pasiva y no una defensa de fondo».
«Es una extradición que llegó a mi oficina, en la cual con mi socio Eduardo Picand, tramitamos extradiciones y se llevó ese caso ante la Corte Suprema. Es un caso de un antejuicio, es una extradición y no un juicio de culpabilidad donde se haga un análisis respecto del fondo del asunto y se analizó los méritos respectos de conceder o no su extradición a Países Bajos», dijo el jurista.
Además, enfatizó que por ese hecho no hubo «una defensa de fondo, sino que una tramitación donde se analiza si se cumplen los requisitos de la extradición».
Tras la propuesta de quinta de la Corte Suprema, ahora el Presidente Gabriel Boric debe escoger un nombre en un plazo de 10 días, que deberá exponer en la comisión de Constitución para luego ser ratificado por al menos 2/3 del Senado.
El senador Manuel José Ossandón (RN) propuso que los integrantes hagan la exposición antes de la nominación del mandatario.
Respecto a la idea, el presidente de dicha comisión, Matías Walker (ex DC), afirmó que «sería útil en términos de transparencia» para conocer «cuáles son las propuestas» y «los planes concretos» que tienen los candidatos, sobre todo considerando «el flagelo» del problema de seguridad.
El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), dijo que se debe respetar el procedimiento regulado ya que de no hacerlo, se podría interpretar que la Cámara Alta está interviniendo en la prerrogativa que tienen las distintas autoridades.
Al respecto la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, indicó que «no está de acuerdo al orden que constitucionalmente está establecido» para la designación de candidatos como proceso formal.
«Ahora, si se quiere implementar informalmente una audiencia donde expongan los candidatos antes de que el Presidente nomine, ya es un tema absolutamente convencional», comentó.
