La fiscalía comunicó este lunes su decisión de no perseverar en la investigación en contra de siete de los 12 carabineros imputados por la golpiza televisada a un manifestante en Plaza Ñuñoa en medio del estallido social.
La víctima corresponde a Moisés Ordenes, quien sufrió graves lesiones a raíz del ataque propinado por los uniformados: le sacaron un diente, terminó con costillas rotas y perdió la visión de su ojo izquierdo. Todo quedó grabado en la transmisión en vivo de Chilevisión/CNN Chile.
La determinación fue ingresada por el persecutor público de alta complejidad, Jorge Martínez Rodríguez, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
A través del escrito, el fiscal argumentó que “no se han reunido antecedentes suficientes para funda acusación” en contra de los implicados.
A saber: el suboficial Daniel Hervias Hutinel; los cabos primero Ricardo Gómez Balle, Fabián Torres Salgado, Iván Hernández Ocampo, Fernando Soto Fuentealba; el cabo segundo Samuel Mora Lodi y el carabinero Carlos Cerda Herrera.
Según antecedentes recopilados por este medio, la decisión se da luego de que el mismo fiscal Martínez ordenara a comienzos de este mes la separación de la indagatoria de estos mismos imputados, para continuar siendo investigados en la causa en la que este lunes finalmente se decidió no perseverar.
Los funcionarios policiales corresponden a los mismos que fueron reformalizados por la propia fiscalía en junio de 2020.
En aquella oportunidad se le imputaron cargos por tortura, obstrucción a la investigación y falsificación.
Todos ellos, salvo Gómez Balle, están también querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a los mismos delitos.
En el libelo del organismo estatal se acusa a los citados imputados, además de otros cinco carabineros que figuran en la indagatoria como los autores materiales de la golpiza, de falsificar el parte policial redactado por ellos mismos tras el ataque.
