Una reciente investigación de Mega, analizó las transferencias que servicios públicos han realizado a fundaciones y corporaciones por concepto de convenios, es decir, fuera de la ley de compras públicas.
Según esta investigación, la Gobernación Regional de Los Lagos (Gore), liderada por Patricio Vallespín (Ind. ex DC), traspasó $8.800 millones a fundaciones y corporaciones desde marzo de 2022 por convenios de implementación de programas.
Casi la mitad de ese monto, un 46%, se concentra en tres entidades. Lidera el ranking Fundación Chinquihue, presidida por el mismo Vallespín y que, en diciembre de 2022, recibió $1.628 millones de la gobernación para programas relacionados a la pesca artesanal. Según el estatuto de la fundación, es la máxima autoridad regional quien debe presidir el directorio.
Le sigue Fundación Participa, liderada por el excandidato a concejal por el PPD y a diputado por el PRO, Daniel Ibáñez, quien fue asesor de la senadora Ximena Órdenes Neira (Independiente). Participa recibió $1.200 millones en enero de este año para un programa de saneamiento de títulos de dominio. La experiencia de la organización se centra en la participación política.
En tercer lugar, está Corporación Kimün, que recibió $1.200 millones en diciembre de 2022 para regularizar la tenencia de propiedad de agricultores. Allí presta servicios el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao. La actividad principal de Kimün es la capacitación y educación en contextos interculturales.
Consultado por estos convenios, el gobernador Vallespín explica que “muchas veces, las instituciones públicas no avanzan al ritmo de lo que se requiere o sus tiempos de ejecución son más largos. Por eso, esta es una estrategia de trabajo que definimos”.
En el camino a Chinquihue, Puerto Montt, se encuentra una organización privada sin fines de lucro, dedicada a promover y fomentar la labor de pescadores artesanales en Chile: la Fundación Chinquihue.
En diciembre de 2022, esta recibió cuatro transferencias del Gore de los Lagos, que suman $1.628 millones, para ejecutar programas de desarrollo de la pesca artesanal, de regularización de caletas y de apoyo a pescadoras artesanales. Todo acorde a su área de trabajo.
Lo llamativo, es que quien preside la fundación es el gobernador Patricio Vallespín López (DC), y su vicepresidente es Luis Cárdenas Mayorga, seremi de economía de la región. En el directorio también se encuentra la delegada presidencial de Los Lagos, Giovanna Moreira Almonacid, y el seremi de Desarrollo Social de la zona, Enzo Jaramillo Hott.
Según el sitio web de la Fundación Chinquihue, los miembros del directorio son quienes la dirigen y administran sus bienes.
Consultado al respecto, Vallespín responde que “no hay ninguna situación anómala, solo me toca proceder a mí porque soy la máxima autoridad regional, que es lo que establece el estatuto de la Fundación, que existe desde 1989”.
Vallespín asegura que los recursos se usan sólo para desarrollar los proyectos adjudicados. “Se hace un convenio de trabajo con términos de referencia, con productos claros”, explica.
La Fundación Chinquihue ya ha sido blanco de críticas. En 2019, el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, denunciaba que este era “un espacio donde existen conflictos de interés impresentables. Representantes del Gobierno están elaborando proyectos sobre los que ellos mismos deciden y donde se involucra gran cantidad de dineros públicos”. Cabe destacar que en el directorio también participan representantes de pescadores artesanales y de SalmonChile.
Un reporte de ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos, muestra que, a febrero de 2023, la ejecución de esos dineros transferidos a Chinquihue era de cero peso. Vallespín asegura que por cómo se gestionan los pagos, “no es raro” que a febrero no se haya ejecutado nada.
“Normalmente tienen una buena ejecución presupuestaria y por eso seguimos confiando”, dice. Y añade que la fundación garantiza “servicios de excelencia en los temas que estamos abordando con ellos, que son muy diversos”.
El saneamiento de títulos de dominio para 1.400 familias vulnerables en Los Lagos. Ese fue el convenio por el que la fundación Participa recibió $1.200 millones en enero de este año.
Participa no es de la zona: se encuentra registrada en Peñaflor, Región Metropolitana, y tiene oficinas en Santiago Centro. Pero lo que llama la atención es el objeto del convenio, porque su actividad principal es la participación política.
De hecho, para el plebiscito por una nueva Constitución de 2020, Participa lanzó una campaña incluyendo a figuras políticas que incluían desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, llamando a la ciudadanía a movilizarse.
El presidente de esta fundación es Daniel Ibáñez, periodista, licenciado en Comunicación Social y egresado de Derecho, y su carrera se ha centrado en la actividad política. En 2016, fue candidato a concejal por el PPD en Renca, perdiendo la elección al obtener 664 votos.
Dos años después, en 2018, fue asesor en el Congreso de la senadora Ximena Órdenes Neira (Independiente en cupo PPD), elaborando informes sobre la eutanasia, salud mental y los “avances y pendientes en materia de gobiernos regionales”.
Sus expectativas electorales crecieron en 2021, cuando fue candidato a diputado por el PRO compitiendo por el distrito 9 en Santiago. En esa oportunidad, tampoco fue electo, consiguiendo el 0,68% de los votos.
Pese a que hasta la publicación de este reportaje el sitio web de la fundación estaba “en construcción”, su cuenta en Instagram sí está activa. Las publicaciones se centran en mensajes por el Apruebo y actividades de Ibañez, donde aparece inaugurando la “Escuela de Líderes Territoriales” en una conferencia con la actual ministra Carolina Tohá (PPD) y exponiendo las propuestas de la fundación ante la Convención Constituyente.
No hay ninguna actividad a lo largo de los años que diga relación con el saneamiento de títulos de dominio o similares, hasta abril de 2023.
Ese mes, la fundación anunció que se encontraba dando charlas sobre la regularización de títulos de dominio para personas vulnerables de Los Lagos. Desde entonces, las fotografías muestran diversas actividades con habitantes de la zona, las que se alternan con otras en la Región Metropolitana, como un conversatorio con la diputada Karol Cariola (PC).
El presidente de la fundación, Daniel Ibañez, aclara que su organización tiene experiencia en la ejecución de proyectos más allá de la política, ya que en 2017 se adjudicó un fondo de la Subsecretaría de Prevención del Delito para realizar planes de seguridad pública en comunas “de distintos colores políticos”.
En sus ocho años de existencia, la fundación nunca había trabajado en Los Lagos. Consultado por Mega Investiga sobre cómo accedió a los fondos de este convenio, Ibañez asegura que en 2022 recibió una invitación por parte de la gobernación para participar de la ejecución de programas.
Así, presentó el proyecto para saneamiento de títulos de dominio e Ibañez garantizó la ejecución del programa con un pagaré donde él mismo actúa como aval y codeudor solidario por los $1.200 millones. “Si se hacen mal las cosas, se compromete el patrimonio de la fundación y el mío a nivel personal”, explica.
El gobernador Vallespín dice que estos convenios se firman “para resolver los problemas que muchas veces desde Bienes Nacionales cuesta más resolver, porque tiene metas que se fijan y tratan de cumplir la meta, por lo que los casos más complejos van quedando postergados”. Por eso, explica, la gobernación decidió buscar fundaciones “que tuvieran cierta historia, cierto prestigio, o estuvieran trabajando en estos temas” para ejecutar los programas.
Sin embargo, no hay evidencia de ninguna experiencia de Participa en regularización de títulos de dominio.
Consultado sobre si conoce al presidente de Participa, Vallespín es claro: “Yo no tengo relaciones personales con ninguno de los actores institucionales con los que trabajamos”.
Corporación Kimün: de la educación al saneamiento de terrenos
La tercera organización que más dinero recibió por convenios con el Gore de Los Lagos es la corporación Kimün. Está basada en Temuco y su patrimonio declarado en el Registro de Colaboradores del Estado es de un peso.
La transferencia, también de $1.200 millones, es de diciembre de 2022 y se enmarca en un programa de saneamiento de la tenencia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de la región. Esta es la única transferencia de servicios públicos que registra la corporación a nivel nacional.
El senador de Los Lagos Fidel Espinoza (PS), cuestionó la entrega de esos recursos en la Comisión de Vivienda del Senado, argumentando que se había hecho por la necesidad de cumplir con la ejecución presupuestaria. Espinoza aseguró que una de las fundaciones estaba relacionada a “un excandidato presidencial que presentó su candidatura con firmas falsas de personas que estaban muertas”. Hablaba de Diego Ancalao, de la Lista del Pueblo.
Ancalao tiene vínculos con la Corporación Kimün, ya que le presta servicios como coordinador de equipos técnicos, pero no es “fundador, socio, presidente ni representante legal”, como aclaró en un comunicado. Quien sí preside la corporación es Jaime Huincahue Melipil, rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de Los Lagos (IP Los Lagos), de donde Ancalao es asesor indígena intercultural e internacional.
Pese a ser una organización de Temuco, el vínculo de la corporación Kimün con Los Lagos data de noviembre de 2020, cuando la entidad se adjudicó una propuesta pública para adquirir el IP Los Lagos. Algo completamente relacionado a su misión: generar “ sistemas innovadores y sostenibles en el área de la educación superior, formando y capacitando técnicos y profesionales”.
El convenio de $1.200 millones de diciembre de 2022 no hace referencia directa a capacitación. Un comunicado emitido por Kimün, dice que ejecutar este programa es “muy necesario por la alta demanda existente en la región y que hasta el año pasado no había sido cubierta por los organismos públicos nacionales”.
Gobernador propuso a las fundaciones y solicitó que se les aumentaran los fondos
El convenio con Participa y Kimün fue aprobado por el Consejo Regional de Los Lagos en octubre de 2022, con el voto del gobernador Vallespín y 17 consejeros regionales. Pero al revisar en detalle el acta del Consejo Regional hay cosas que llaman la atención.
Según consta en el documento, el monto original del proyecto propuesto por la fundación Participa era de solo $650 millones, pero, según el acta, el gobernador Vallespín señaló que “dado que existe principal interés en avanzar en esto” se podían “poner recursos para que se pueda desarrollar con mayor impacto”, aumentando los fondos a $1.200 millones para cada organización.
¿Por qué sugirió el aumento de fondos? Vallespín dice que en la propuesta original de Participa sólo se beneficiaba a 400 familias, pero que algunos consejeros regionales le pidieron aumentarlas a 1.400, porque sin esa regularización las familias no podían acceder a otros beneficios del Estado. “Se estimó que, por unidad de solución que se iba a dar, llegar a $1.200 millones era completamente razonable”, explica.
Sin embargo, algunos consejeros cuestionaron la propuesta, dada la poca experiencia que tenían las entidades en esta materia. Según el acta del Consejo, Vallespín indicó que “si pasa algo se modificarán los trámites”, insistiendo en que para seleccionar a las entidades que proponía “se privilegio? la experiencia”.
Cabe destacar que hasta entonces, el giro tributario de Participa le permitía representar “los intereses de grupos especiales o que promueven ideas ante la opinión pública” y realizar “investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias”. En junio de 2023, amplió su giro a “asociaciones que promueven actividades culturales”, lo que tampoco se relaciona al proyecto adjudicado.
En el caso de Kimün, la corporación amplió su giro tributario a “actividades de consultoría” en diciembre de 2022, casi dos meses después de que fueran aprobados los fondos.
Dados los cuestionamientos a las organizaciones, el gobernador explicó en el Consejo que “hay una premura de tiempo”, agregando que “si en el proceso aparece que pudiera ser eso complejo, o no tiene las condiciones para hacerlo, se podría incorporar alguna otra (fundación) y en esos términos solicita la aprobación”.
Consultado por esa declaración, Vallespin explica que “la identificación presupuestaria por parte del ministerio de Hacienda demora una cantidad de tiempo que puede llegar hasta 4 meses, con lo cual, obviamente, no podíamos seguir buscando otros para ver si era el ideal o no”.
Ese octubre de 2022, todos los consejeros aprobaron la asignación de los recursos, menos Alexis Casanova (RN), quien se abstuvo. Casanova dice que al preguntar por la experiencia de las organizaciones, las respuestas no le dejaron conforme. “Yo creo que a nivel de Gobierno Regional quienes seleccionaron a las distintas fundaciones para entregarles recursos deberían renunciar, porque no hubo claridad en los criterios de asignación”, reclama.
Vallespín afirma que esas asignaciones de recursos solo se hacen “conforme haya una contraprestación de servicio, con términos técnicos de referencia que responden a prioridades regionales y con instrumentos de seguimiento del desarrollo de cada uno de los programas y recursos”.
La autoridad asegura que hay un riguroso sistema de seguimiento y que en Los Lagos cuentan con más de 33 programas con este tipo de instituciones.
