El jefe del Ministerio Público sostuvo que las indagatorias a cargo del ente persecutor podrían tener resultados en un plazo superior a un año. "Hay algunos denominadores comunes que son llamativos, por ejemplo, que se traten de fundaciones que fueron constituidas hace muy poco tiempo", sostuvo Valencia.

Fue en «Tolerancia Cero» de CNN Chile, donde la autoridad tras reunirse con todos los fiscales jefes de aquellas regiones donde se investiga este caso, pudo «constatar que en cada uno de los casos donde los fiscales han iniciado investigaciones de oficio, lo hicieron porque hay hechos que revisten carácter de delito. Ahora, ¿de qué delito en particular? Lo podrá establecer en definitiva la investigación, pero sí puedo dar fe de que en cada una de las investigaciones de oficio se podría apreciar» aquello.

Consultado respecto a si existen indicios de una defraudación al Estado con un mismo «modus operandi», apuntó que «hay algunos aspectos que son comunes a todas ellas que llaman la atención, pero las diligencias que realizan los fiscales y las policías van a poder establecer si detrás de ellas hay delitos», mas «no cabe duda que todas ellas tienen apariencia de ilegalidad».»Estamos acostumbrados a que en materia de corrupción pública -no estoy diciendo que aquí lo haya, pero si lo hubiera- los actos suelen tener apariencia de ilegalidad», acotó.

Valencia resaltó «algunos denominadores comunes que son llamativos, por ejemplo, que se traten muchas de ellas de fundaciones que fueron constituidas hace muy poco tiempo, muy cercana a la celebración de los contratos».

A su vez, el fiscal nacional hizo hincapié en que, por lo general, este tipo de causas son de largo aliento: «Esto no es un asalto a una bencinera, tampoco a un banco. Lo que la comunidad ha podido advertir en casos de corrupción o investigación por fraude al fisco, es que una vez que se inicia la investigación no se formulan cargos inmediatos con los presuntos autores (…) Generalmente, investigaciones como esta duran más de un año».

Frente a la eventual promulgación del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, el jefe del Ministerio Público adelantó que los persecutores se preparan para su óptima aplicación.

La autoridad dijo haber mencionado a los funcionarios que en el marco de esa nueva norma «es muy probable que aumenten las penas», de manera que es lo ideal que «nuestras instrucciones generales sobre procedimientos abreviados y salidas alternativas sean acorde con la valoración que contiene esta ley».

«De tal manera que -continuó- si alguien quiere acceder a un procedimiento abreviado o a una suspensión condicional, no nos amparemos en la ley antigua, que establece penas más bajas para que ello sea posible, sino que sólo se establezca cuando conforme a la ley nueva, ellos podrían acceder».