Este miércoles, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que los dos funcionarios de la Armada, víctimas del robo de sus fusiles de guerra M-16, no tenían cómo defenderse.
El argumento reza en la querella presentada por el organismo, que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
Hace más de una semana los dos marinos fueron asaltados en el fundo Las Salinas de la ciudad jardín. Esto, en el marco de una fiscalización a cuatro hombres que se encontraban al interior del recinto naval. En la ocasión, el grupo robó los dos fusiles de guerra M-16 de calibre 5.56, los que aún no han sido hallados.
Tras el asalto, la delegación anunció que presentaría una querella, con el fin de dar con los responsables del ilícito.
Robo de fusiles a la Armada
En el texto, además la autoridad argumenta que “los dos funcionarios de la Armada de Chile portaban sus armas de servicio cargadas con salvas y no con municiones reales”. Por esto, continúa, “no contaban con elementos de defensa suficientes para repeler el delito”.
Los asaltantes se abalanzaron contra los funcionarios navales, amenazándolos con un arma de fuego, para luego huir con los fusiles con su respectivo cargador y 10 municiones de salva cada uno.
Todo esto confluye en una investigación de tipo mixta, que involucra a la Armada y al Ministerio Público, según explicó la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González.
No obstante el argumento contradice la versión entregada por la Fuerza Armada el día de los hechos. Esa jornada, el capitán de Navío Marcelo Zoppi, director de Comunicaciones Armada de Chile, aseguró que los funcionarios que fueron asaltados sí mantenían en su poder munición de guerra.
“Cabe hacer presente que el personal apostado de guardia, sí tiene en su poder munición de guerra para ser usado en caso de que la gradualidad del uso de la fuerza, lo amerite”, afirmó.
De acuerdo a la querella, los hechos constituyen dos tipos de delitos: el porte ilegal de arma de fuego y el robo de material de guerra.
Con todo, la acción legal pretende que se aplique a los responsables el máximo de las penas que contempla la ley.
