Finalmente, llegamos al escenario del veto presidencial. Se convirtió en previsible desde la semana en que el Gobierno -a través de sus asesores del Ministerio del Interior- no logró alcanzar un acuerdo con los diputados de oposición en la Comisión de Seguridad de la Cámara baja.
Todo se sintió como un trámite, aunque uno muy debatido. Fueron tres votaciones y toda esperanza de llegar a una comisión mixta se esfumó rápidamente. En efecto, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, había prácticamente señalado que vetarían La ley de Usurpaciones, que ya fue despachada del Congreso Nacional.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se tomó poco más de media hora para llegar al hall del Senado y partió aclarando que el gobierno no está en contra de este proyecto.
Habló de tres grandes acuerdos: Que la usurpación debe convertirse en delito con penas de cárcel, que debe ser considerado un delito de ejecución permanente para que siempre exista flagrancia y que se deben excluir los campamentos, de los efectos de esta ley.
Pero también dijo que ‘siempre se puede tener distintas opiniones sobre los hechos, pero no se pueden tener distintos hechos’: Tohá dice que la ley entrega capacidades ilimitadas a una persona para recuperar su terreno -incluso con ayuda de terceros- y que hace que el derecho ampare la violencia.
La oposición sabe que este veto puede revertir completamente el escenario. De una posición de debilidad, el gobierno puede pasar a una posición de fortaleza.
La respuesta está en la ley. El Presidente de la República puede formular tres tipos de veto: El aditivo que agrega, el sustitutivo que cambia y el supresivo que elimina. Tiene 30 días para hacerlo y no opera contra toda una ley si no que contra una parte específica.
Si el Congreso quiere rechazar el veto, necesita dos tercios. Dos tercios que la derecha no tiene -y que de hecho nadie tiene- por lo que deja al gobierno en la posición de simplemente eliminar la legítima defensa privilegiada, o buscar un acuerdo.
Felipe Kast, senador de la Araucanía que es autor del proyecto y Javier Macaya, senador de la UDI, dicen que el costo principal para La Moneda será explicarle a la ciudadanía por qué se oponen al proyecto.
Han sido horas difíciles para las coaliciones oficialistas. Con estrategias y votaciones distintas, se dividieron una vez más en la cámara baja y en el Senado no alcanzaron los votos incluso con el apoyo de Matías Walker y Ximena Rincón.
Sin embargo, la mala noticia para la oposición es que incluso con esas grietas, el rechazo a la llamada ‘Defensa Legítima Privilegiada’ es virtualmente total en el oficialismo.
De hecho, el senador socialista Fidel Espinoza -parlamentario crítico del gobierno al punto de que ha sido acusado de ser opositor- concuerda en que permitir que el proyecto se promulgue como está es un ‘retroceso civilizatorio’.
Pudo existir otro camino. En los pasillos del Senado, existió el comentario de que un veto presidencial podría generar una instancia similar a una Comisión Mixta: Que el poder ejecutivo acuerde con el legislativo una redacción distinta, que aclare que las policías tienen la prioridad para usar la fuerza.
Matías Walker, fue una voz que pidió que realmente la propuesta vaya a Comisión Mixta, y lamentó que la cámara eliminara una indicación, que permitía que las víctimas de usurpaciones, pudieran en cualquier estado de la investigación, pedir la restitución anticipada de bienes con auxilio de la fuerza pública.
Walker dice que aprobar la Ley de Usurpaciones, ahora que viene un veto, fue un ‘saludo a la bandera’.
Es cierto que los problemas del Ejecutivo no desaparecen mágicamente, pero también es cierto que el instrumento del veto presidencial -bien redactado cómo advierten en la oposición- podría abrir o la eliminación de lo que no les gusta, o una instancia de diálogo para llegar un acuerdo que les conforme a todos.
La ministra Tohá dijo que en los 30 días que vienen, buscarán redactar rápido pero redactar bien, para promulgar una nueva ley de usurpaciones.
