El juez Héctor Barraza se defendió de los cuestionamientos tras su polémica decisión de entregar el listado de testigos protegidos a la defensa del clan “Los Gallegos”, brazo armado del Tren de Aragua que operaba en Arica.
Se trata de los nombres de los 57 testigos protegidos y funcionarios policiales que han colaborado en la investigación en contra del clan de origen venezolano que echó raíz en las tomas del Cerro Chuño.
Esta situación llamó la atención de la Fiscalía, desde donde se opusieron a la decisión del juez, ya que pondría en peligro la vida de cada una de las personas que se atrevieron a dar su testimonio.
De hecho, tras lo sucedido, la Fiscalía presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Arica, tribunal que suspendió la polémica resolución del magistrado.
Pero además, el fallo del tribunal de alzada decretó que el juez Barraza despachara un informe respecto de los “hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna”, “adjuntando todos los antecedentes” que correspondan.
Justamente, en dicho informe, el magistrado defendió su cuestionada decisión, apuntando a que la postura de la Fiscalía de mantener el listado de testigos fuera del alcance de la defensa de los imputados, “restringía seriamente el trabajo de las defensas”.
Así lo detalló en el documento de cuatro páginas al que tuvo acceso El Desconcierto.
Según su apreciación, la petición de mantener en secreto la lista de testigos “contravenía su interpretación del debido proceso”, incluso a lo que señala la Constitución Política.
En ese sentido, recordó que los imputados por los graves delitos son “sujetos de derechos”.
Asimismo, tras citar la Ley Orgánica del Ministerio Público, Barraza señaló que ahí se apunta a que la transparencia de sus actuaciones debe ser un “elemento central del proceso penal”.
Pero también, el magistrado aludió a distintos fallos, tanto de la Corte Suprema, como de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se ordenó revelar la identidad de testigos protegidos, pese a que ninguna de estas decisiones incluía a imputados del Tren de Aragua.
Incluso, aludió a los cuestionamientos que hizo la Corte Interamericana Derechos Humanos (COIDH) por el uso de testigos reservados en sus observaciones al Estado de Chile, por el caso Norín Catrimán.
Recordemos que la decisión de Barraza no solo provocó un revuelo en el Poder Judicial, sino que también a nivel político, luego que el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, acusara incumplimiento de “deberes funcionarios” por parte del juez y remitiera los antecedentes a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre su comportamiento.
No obstante, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández, declaró que la decisión tomada por el Ejecutivo es una “intromisión” en el estamento judicial.
En esa línea, sin una mayor diferencia en la discusión entre los ministros del Pleno, la Corte Suprema habría decidido no emitir un juicio respecto al juez Héctor Barraza.
Según consignó El Mercurio, la razón radicaría en que la Corte de Apelaciones de Arica ya inició una investigación administrativa y que en esa indagatoria se resolverá si existe o no una responsabilidad por parte del regulador.
