A casi dos años de que el otrora fiscal nacional Jorge Abbott ordenara la apertura de una investigación de oficio en contra de Karina Oliva por presunto fraude en el marco de su campaña por la Gobernación Regional Metropolitana, el fiscal regional sur Héctor Barros, junto al investigador, Milibor Bugueño, elevó una solicitud ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago pidiendo audiencia para formalizarla a ella y a su círculo más estrecho de colaboradores.
Se suma al listado, además, a la hija de Ramírez, Ailine Ramírez Amaro, de 27 años.
A todos se les encausará por el delito de fraude de subvenciones, puesto que el Ministerio Público constató graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña de Oliva que fueron en primera instancia denunciados por un reportaje de Ciper.
A Miranda, además, se le imputará por infracción al artículo 31 de la Ley de Gasto Electoral, por haber presentado antecedentes falsos en su rol de administrador electoral. Y a Ríos y Robredo por apropiación indebida de dineros provenientes del erario fiscal.
Y es que gracias a una serie de diligencias realizadas en coordinación con el OS-7 de Carabineros, los investigadores determinaron que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente había desembolsado en función de la campaña.
Entre otros elementos, los análisis y pericias dan cuenta de que la ONG copió informes de un estudio que Oliva y el partido, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria, para así recibir fraudulentamente un reembolso por parte del Estado de $ 120 millones.
Junto con ello, también, el persecutor identificó una lista de boleteros vinculados a la otrora candidata y al movimiento que -según una decena de voluntarios y profesionales que participaron en la campaña a Gore-, nunca realizaron las actividades declaradas ante el Servel. Incluso, como han logrado acreditar los investigadores, usaron como respaldo documentos falsificados del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Además de todo esto, de acuerdo con lo publicado por este medio, recientemente el Servicio Electoral presentó una nueva denuncia en este causa, pues a la fecha la tienda no ha acreditado gastos que ascienden a $ 142.686.823 y que se realizaron gracias a aportes fiscales entre 2020 y 2021.
Por lo mismo, el fiscal Bugueño también determinó ampliar las pesquisas y encargó interrogar a la actual directiva de Comunes.
