El subsecretario del Interior adelantó que esta semana van a presentar una propuesta legislativa que acorte el tiempo de apelación en el caso de expulsiones y, además, buscan otorgar nuevas facultades para la PDI.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la crisis de seguridad que enfrenta el país en el último tiempo.

Fue en una entrevista con el medio Mega noticias, donde la autoridad anunció que el Gobierno va a empezar a utilizar una facultad extraordinaria para realizar expulsiones de extranjeros que cometan delitos en territorio nacional.

Además, abordó propuestas que enviarán al Congreso para realizar cambios en esta materia.

El subsecretario comenzó señalando que «yo voy a usar una facultad extraordinaria que tiene la Subsecretaría del Interior, lo hemos conversado con el Presidente de la República y con la ministra (Tohá), (…) que es resolver decretar una resolución de expulsión por razones de seguridad de Interior».

«Vamos a empezar a usar esa facultad que tiene la virtud de que acorta el plazo administrativo de expulsión y vamos a proponer al Parlamento dos cambios en esta materia», agregó.

En ese sentido, indicó que «la primera es acortar el plazo de apelación, voy a colocar el ejemplo de lo que ocurrió en Puerto Montt hace un tiempo atrás, de unos colombianos que agredieron a Carabineros, y que fueron expulsados finalmente».

«Yo dicté la resolución de expulsión por razones de seguridad interior del Estado, ellos apelaron, pero la apelación judicial fue rechazada, porque se entendió que se estaba ejerciendo una facultad que estaba bien fundada, pero tuvieron un plazo de apelación de 10 días», detalló.

«Lo primero que le vamos a proponer al Parlamento es acortar ese plazo de apelación a 5 días para ajustarlo a los 5 días que la Policía de Investigaciones (PDI) tiene para mantener detenidas a las personas para proceder a su expulsión», puntualizó.

En tanto, sostuvo que «lo segundo es que vamos a pedir modificar una facultad que hoy la Policía de Investigaciones no tiene. (…) Cuando se resuelve la expulsión de un ciudadano y la PDI tiene que ir a buscarlo, no tiene facultades legales para entrar al domicilio, o sea, a pesar de que sabe que esa persona está en un domicilio, no tiene facultades legales para entrar».

«Por tanto, si la persona no sale en tres días, la PDI no puede detenerlo para ejecutar la expulsión», sentenció.