Como parte de las medidas de seguridad anunciadas recientemente por las autoridades ante el aumento de los hechos de violencia en el país, el Gobierno proyecta expulsar a 2.600 migrantes en los próximos 14 meses.
En lo que va del año, se han concretado cerca de 740 deportaciones de ciudadanos extranjeros que cometieron delitos en Chile y el Ejecutivo espera cerrar diciembre con mil.
Sin embargo, esa cifra estaría muy por debajo de las 12 mil expulsiones exigidas por Renovación Nacional a la ministra del Interior, Carolina Tohá, o de lo contrario amenazaron con presentar una acusación constitucional en su contral.
Y si bien el tono de los parlamentarios de oposición disminuyó tras sostener reuniones con las autoridades del Minsiterio del Interior, continúan los cuestionamientos entre el Ejecutivo y los miembros de la administración de Sebastián Piñera por las responsabilizades ante la crisis migratoria.
«Hablamos de un ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo anterior, y en ese gobierno las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años. Y hoy se nos pide en un mes expulsar 12.000 (…) Hay que ser razonable y realista con la crítica. No podemos exigirle a otro lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que hace un partido de gobierno», reprochó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
En esa misma línea, la secretaria de Estado apuntó a la gestión del expresidente Piñera por su viaje a Cucutá y sus acciones frente a la ola de ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros.
En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentra liderando una mesa de trabajo que busca establecer acciones concretas para desarrollar las 2.600 expulsiones anunciadas y, en paralelo, presentar una nueva agenda legislativa que permita celerar ese proceso.
De aprobarse aquellas iniciativas, las cuales contarían con el respaldo de los parlamentarios de oposición, las policías podrían tener mayores facultades para allanar y entregarían mayores herramientas para reducir los tiempos de apelación de quienes estén en proceso de expulsión.
Por su parte, Sergio Muñoz, director general de la Policía de Investigaciones (PDI), informó que la deportación de ciudadanos extranjenros «va a estar planificada con una agenda semanal. Para eso he dispuesto, a nivel nacional, equipos que se vana dedicar a este trámite, a ubicar a las personas y ponerlas a disposicón para hacer las expulsiones».
La Moneda se enfrenta con administración de Piñera
En paralelo a las reuniones para coordinar acciones en materia de migración, el Gobierno invitó a participar en una mesa de trabajo a los exministros y exsubsecretarios del Interior de la administración de Piñera para desarrollar medidas que permitan contener el alza de los hechos de violencia, tales como secuetsros, homicidios y robos.
A esa instancia estaban invitados Juan Francisco Galli, Rodrigo Delgado, Andrés Chadwick y Rodrigo Ubilla. Sin embargo, las exautoridades no concurrieron a La Moneda.
Frente a ello, la ministra Vallejo reclamó que es una «contradicción que se pida diálogo y no se venga a dialogar (…) es absurdo».
Las declaraciones de la vocera causaron molestia en el exsubsecretario Rodrigo Ubilla, quien afirmó que ellos sí están trabajando con los actuales miembros del Ministerio del Interior.
«Ministra, infórmese, estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en esta agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político», cerró.
