El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, se pronunció sobre el caso de Los Vilos, subrayando la grave sobrecarga laboral y la ineficiencia de las fiscalías unipersonales frente a la complejidad de los casos de crimen organizado.
“Sobre la situación ocurrida en Los Vilos, sin duda es una situación grave. Desde la Asociación Nacional de Fiscales lo lamentamos”, declaró Bravo, destacando la necesidad de asumir responsabilidades tras las investigaciones pertinentes. “Si hay que hacer efectivas responsabilidades luego de las investigaciones, es lo que corresponde hacer“, agregó.
Bravo también resaltó dos aspectos críticos del sistema. “Queremos marcar un punto respecto de dos aspectos, uno de carácter estructural, que tiene que ver con las fiscalías unipersonales o uni fiscalías, que son aquellas que solamente hay un fiscal y, por lo tanto, toda la responsabilidad de este tipo de causas, que son de gran envergadura y de otras, recaen en un fiscal o en un abogado asistente o en máximo dos abogados asistentes“, dijo.
La aprobación del plan de fortalecimiento y la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial es esencial, según Bravo. “Aquí lo importante es aprobar rápidamente el plan de fortalecimiento y la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial”, insistió.
La necesidad de formación previa para ejercer el cargo de fiscal también fue un tema central en su declaración.
“Hay otro aspecto que nosotros hemos relevado hace muchos años, que tiene que ver con la necesidad de una formación previa para ejercer el cargo de fiscal“, sostuvo Bravo, haciendo un llamado a las autoridades del Estado.
“No es responsable que una persona se sienta en un tribunal de garantía o en un tribunal oral, más allá de este caso en particular, a litigar sin haber tenido una formación previa como corresponde“, sostuvo.
Carencias en el Ministerio Público
El incidente en Los Vilos puso en evidencia las carencias del Ministerio Público. Durante una audiencia que duró más de una hora y media, la jueza Daniella Pinto mostró su descontento con la preparación del fiscal a cargo. “¿Sabe lo que dice el 142 bis? Fiscal, lea el artículo, léalo. Léalo por último, porque lo que usted está haciendo en este momento no corresponde, no procede”, reprendió la magistrada.
El abogado asistente Luis Soto Pérez, actuando como fiscal, no logró rebatir los argumentos de las defensas, lo que llevó a la liberación de los imputados vinculados al Tren de Aragua.
“Oiga, esto me parece pero impresentable… ¡Impresentable! Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo”, expresó la jueza Pinto.
Los registros de la audiencia revelan la falta de preparación del fiscal, quien ante la pregunta de la jueza sobre los detalles del caso, respondió con silencio prolongado y admitió desconocer los antecedentes. “¿Lo sabe o no lo sabe?”, preguntó la jueza. “No, su señoría. Lo desconozco”, contestó Soto.
La situación escaló cuando la magistrada ordenó al fiscal leer el artículo pertinente del Código Penal en medio de la audiencia. “¿Sabe lo que dice el 142 bis? Fiscal lea el artículo, léalo. Léalo por último, porque lo que usted está haciendo en este momento no corresponde, no procede”, insistió Pinto.
La jueza criticó duramente la falta de argumentación del fiscal para mantener la prisión preventiva de los inculpados.
La audiencia terminó con la liberación de los imputados, a quienes se les otorgó arresto domiciliario.
Las defensas habían solicitado una fianza de entre 500 mil y un millón de pesos, mientras que el fiscal Soto propuso una caución de 5 millones sin argumentos sólidos para mantener la prisión preventiva.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, anunció la apertura de un sumario administrativo para investigar la preparación de los fiscales y abogados asistentes del Ministerio Público.
“La indagatoria administrativa busca establecer el nivel de cumplimiento de las directrices enviadas con anterioridad para la debida preparación de las audiencias por parte de fiscales o abogados asistentes”, explicó Cooper Monti.
