El Gobierno reaccionó restándole validez al informe publicado hoy por Amnistía Internacional, “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, estudio que critica el actuar de Carabineros de Chile en las manifestaciones que se sucedieron en el país a partir de octubre del año pasado.
Según la ONG, se vulneraron los derechos humanos por parte de Carabineros durante las manifestaciones de octubre y noviembre del 2019, agregando que el Alto Mando de la policía uniformada tuvo conocimiento sobre los delitos.
Mediante una declaración pública, el ministerio de Justicia, que dirige Hernán Larraín, señaló que el informe “se analizará como se hizo respecto de los otros que recibió nuestro país el año pasado por parte de los órganos autónomos de derechos humanos (INDH y Defensoría de la Niñez), y de tres organismos internacionales (ACNUDH, CIDH y HRW)”.
Sin embargo, el Gobierno cuestionó las conclusiones de Anmnistía Internacional, lamentando que el informe “realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”.
Además, desde La Moneda añadieron en su cuestionamiento hacia la ONG que “el Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el informe en base a antecedentes de limitado alcance”.
El Gobierno advirtió, además, que Amnistía Internacional “no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
El ministerio de Justicia también hizo ver que la gestión del Presidente Sebastián Piñera “ha impulsado desde un inicio un conjunto de medidas administrativas y legales para materializar la necesaria reforma a Carabineros de Chile, incluyendo la incorporación de nuevos medios para el control del orden público, el fortalecimiento del Plan de Formación de Derechos Humanos en todo el país y la modificación de Protocolos para el Uso de la Fuerza, entre otras medidas”.
Por último, la cartera que dirige Larraín afirmó que0 “los estándares internacionales de derechos humanos exigen que el uso de la fuerza por parte de la policía deba guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas».
«Por ello -culmina- ante todas las denuncias que se han presentado, el Gobierno de Chile ha apoyado permanentemente que estas sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas, cuando corresponda. Esto es lo que corresponde por parte de las instituciones en un estado de derecho democrático, pues ante violaciones de derechos humanos no puede haber impunidad para quienes cometieron o cometan delitos que así sean considerados por los tribunales de justicia”.
