El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, señaló que desde la Segpres «vamos prestar, absolutamente, toda la colaboración en la causa para que se esclarezca, ojalá lo antes posible, y quede de manifiesto que esto ha sido un show triste con fines electorales evidentes».
Durante este martes se informó que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Juan Irarrázabal, diputado del Partido Republicano, por el presunto delito de malversación de caudales públicos por parte del Gobierno, tras la impresión de textos de la propuesta de Nueva Constitución para su difusión.
El diputado, Irarrázabal, aclaró que recibieron a través de redes sociales una información en relación a «la compra por parte del Gobierno de las copias del proyecto de la Convención». La cual, tras una investigación, determinaron que se habría hecho «demanera irregular».
El parlamentario argumentó que «a nuestro juicio, aquí se configuran los elementos para el delito de malversación de fondos públicos».
Explicó que «se gastó un dinero en la impresión de estos libros que, por ley, estaba prohibida; se hizo en un ítem contable de la Convención que ya había caducado; fue realizado con una urgencia que no era tal porque el plazo de la Convención era de público conocimiento y se hizo a un proveedor de manera directa sin ninguna licitación de por medio».
El parlamentario aseguró que con las cuatro «irregularidades», explicadas anteriormente, «es que nosotros presentamos esta querella con quienes resulten responsables para que se investigue dentro del ministerio de la Secretaria General de la Presidencia quién es el responsable».
Asimismo, informó que sugirieron a la Fiscalía «que se cite a declarar al ministro Jackson para ver sus responsabilidades en el tema».
Respuesta del Gobierno
El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, señaló que la queralla presentada por el diputado Juan Irarrázaval, «no sólo nos parece que es un show triste en términos políticos sino que constituye, evidentemente, una instrumentalización, tanto de tribunales de justicia como también del Ministerio Público con evidentes fines electorales».
La autoridad recalcó «la irresponsabilidad que esto significa, en momentos donde, tanto Tribunales como la Fiscalía, se ven sobrepasados con mucho trabajo para perseguir el delito y que, en este contexto, un parlamentario acuda a estas instancias a sabiendas que acá no hay ningun hecho que haya faltado a la legalidad».
Asimismo, comunicó que desde «la Segpres vamos prestar, absolutamente, toda la colaboración en la causa para que se esclarezca, ojalá lo antes posible, y quede de manifiesto que esto ha sido un show triste con fines electorales evidentes».
Además tras ser consultado por si descarta el delito de malversación de caudales públicos respondió que «sí, de manera tajante y completa».
