Este viernes la compañía apuntó a la “burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales”.
La empresa constructora Claro, Vicuña, Valenzuela solicitó hace unos minutos su quiebra. La compañía anunció que desmovilizará más de 30 obras y despedirá a 2.500 personas.
“Esta es la más dolora y significativa decisión adoptada por la empresa, por su amplia y reconocida trayectoria, así como también por el gran impacto que esto provoca en sus colaboradores, proveedores, subcontratos, clientes y comunidad”, dijo la firma, asesorada por el abogado Nelson Contador.
Los pasivos de la compañía superan los US$ 60 millones y uno de sus mayores acreedores es el banco Santander.En su presentación a la justicia, la compañía dijo que entre los factores que la llevaron a la debacle está su relación contractual con el Ministerio de Obras Públicas, mandante en varios proyectos de infraestructura pública que desarrollaba la constructora.
“Hoy la compañía debe avanzar hacia su liquidación afectada por los cambios estructurales que enfrenta la industria de la construcción y la burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales”, sostuvo Contador.
Sobre el primer punto, la empresa dijo que, después de los impactos de la pandemia Covid-19 en toda la economía mundial, CVV advirtió que sus proyectos enfrentaron factores que alteraron el buen desarrollo de éstos, mencionando un aumento de precio de los materiales de la construcción; una menor disponibilidad de mano de obra con costos al alza; la inflación (muchos de los proyectos fueron contratados en pesos y los costos están afectados a la inflación, dijo) e interrupciones en la cadena logística.
Luego, se refirió a la “burocracia de los mandantes públicos” y enumeró una serie de situaciones: atraso en el curso de los estados de pago mensuales, incumpliendo la ley de pago a 30 días; retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar, reteniendo capital de trabajo necesario para la correcta ejecución de las obras y la no recepción y finiquito de obras terminadas.
Además, dijo que realizó presentaciones y reclamos frente a las autoridades públicas respecto del impacto del alza de los costos y el impacto en los plazos, que, según la información de la compañía, representan riesgos no contemplados en una situación de normalidad en los tiempos que fueron contratados los proyectos.
“Estas solicitudes que comenzaron a presentarse desde comienzo de año no fueron consideradas, sin embargo, hoy la compañía ve una situación distinta de las autoridades y esta medida no es oportuna para enfrentar nuestra situación actual”, sostuvo Contador.
El abogado afirmó que todo esto llevó a la firma a la imposibilidad de solventar gastos de obras, por no disponer de recursos del mandante, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, por un monto cercano a los $ 17 mil millones.
“Respecto a esto, es relevante señalar que, según lo informado por el deudor, el volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a más $ 44 mil millones, sin perjuicio de las garantías asociadas a las obras”, sostuvo el abogado.
Medidas tardías
La empresa dijo que implementó una serie de acciones para mantenerse a flote, como inyectar importantes recursos por parte de los accionistas, reducir los gastos fijos, bajar sus ingresos y su actividad y negociar con los proveedores sus plazos de pago. “Pero estas acciones no han sido suficientes”, sostuvo.
Con este proceso de quiebra, dijo que CVV espera acceder a una herramienta legal que permita la liquidación de sus activos, obtener el pago de lo adeudado por sus mandantes, continuar con la tramitación de reclamaciones a ciertos mandantes y juicios vigentes y propender al pago de los acreedores.
