Durante esta jornada de jueves, la Contraloría General de la República emitió un informe respecto a las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social y la polémica que ha existido.
Entre otros, el documento evidencia que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos.
“O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, agrega el informe de la CGR.
En cuanto al INDH, “se constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante”.
“Lo que da cuenta, además, de que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados”.
Además, según indicó el ente contralor, se verificó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
“En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales”, detalla el informe.
Entre ellos “se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
Sumado a lo anterior, se comprobó que el documento “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022”, que contiene la categorización de las lesiones que pueden haber sufrido los postulantes (…) no se encontraba aprobado formalmente”.
Además, la Contraloría concluye que no se da cuenta “de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición”.
