La oficina sudamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al Estado de Chile a “investigar la eventualidad responsabilidad de los mandos a cargos de la operación”, en alusión al caso del joven de 16 años empujado por un carabinero desde el puente Pío Nono al río Mapocho, en medio de las manifestaciones del viernes último.
Por medio de una declaración pública, titulada «Chile: ONU Derechos Humanos pide rendición de cuentas por actuación policial», el representante de la oficina, Jan Jarab, señaló que:
“Es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no sólo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles”.
Además, Jarab destacó que “las y los rescatistas civiles merecen todo el reconocimiento y apoyo de la sociedad chilena”.
En un duro emplazamiento a las autoridades chilenas, la oficina de la ONU planteó que el caso ocurrido el viernes no es excepcional.
“Se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales, que han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional, como el la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos después de su misión en 2019, los de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, e incluso después de estos informes”.
Según Jarab, “preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”
De paso, el comunicado de la oficina de la ONU plantea que “se necesita una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación en derechos humanos, subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles”.
“Además -culmina la declaración- se necesita abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social. El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación».
