La comisión de diputados que investigó la reducción injustificada de muertes por Covid-19 concluyó su trabajo con la aprobación de su informe en el que responsabilizó al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

De acuerdo al texto presentado por la diputada Marisela Santibáñez (PC), se establece que Mañalich no habría contemplado, en la entrega de datos sobre Covid-19, la información dada a conocer por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y por el Registro Civil.

La comisión fue creada en junio de este año para indagar los criterios del gobierno en el conteo de muertes producto del coronavirus.

Dentro de sus recomendaciones, el informe destaca el rediseño de la estrategia para hacer frente a la crisis del covid-19 y reconoce una centralización en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia.

El segundo informe presentado por la diputada Karin Luck (RN), también será incluido en el documento final que será presentado a la Sala de la Cámara por la diputada Santibáñez.

CASO ESPACIO RIESCO

Por su parte, la comisión que investigó la habilitación de residencias sanitarias, aprobó por 5 votos a favor y 3 en contra el informe elaborado por diputados de la oposición, encabezados por la presidenta de la instancia, diputada Karol Cariola (PC).

Su objetivo fue evaluar los actos de gobierno relacionados con la estrategia adoptada por el Ministerio de Salud y su ejecución por parte de sus servicios dependientes o vinculados, en torno a la habilitación de residencias en inmuebles fiscales o privados.

En especial, indagaron sobre el arrendamiento del recinto conocido como “Espacio Riesco” y se proyectó recabar la información sobre los fundamentos económicos, sanitarios o epidemiológicos de tales medidas.

Durante el desarrollo de su trabajo, la instancia parlamentaria recibió, entre otros, a dirigentes de los profesionales de la salud de los hospitales San José y Félix Bulnes, al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y al contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Entre las conclusiones contenidas en el informe se consiga que “se cometieron irregularidades y vulneraciones de derechos laborales” y que la autoridad actuó en los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios contrario a derecho, siendo improcedente la manera en que se llevó adelante la contratación, causando perjuicios al Estado.

Asimismo, se plantea entregar todos los antecedentes recabados por la comisión a las entidades que tengan competencia para revisar todas las irregularidades detectadas.

El informe de la comisión investigadora será dado a conocer a la Sala por la diputada Cariola.

Finalmente, el oficialismo también presentó un informe que no logró los votos necesarios, el cual fue elaborado por el diputado Leopoldo Pérez (RN).

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