Una ola de críticas provenientes de diversos sectores, ha recibido el Ministerio Público tras la formalización y arraigo del conductor del vehículo militar que el pasado 8 de enero se encontraba realizando labores de fiscalización en el sector de Zapallar, en la comuna de Curicó, y se vio involucrado en el accidente en que el cabo segundo Brayan Castillo resultó gravemente herido, debiendo ser amputadas sus piernas.
La causante del accidente, Nicol Orellana Vidal, se desplazaba en un área urbana a exceso de velocidad, en un todoterreno Land Rover ‘Discovery’ del año, durante el horario de vigencia del toque de queda y en una comuna que, además, se encuentra en cuarentena, aplastando a la víctima contra la parte posterior del vehículo militar que, por la violencia del impacto, resultó con su parte trasera completamente destruida.
En la audiencia de formalización, la conductora civil y el chofer del vehículo militar fueron formalizados y como medida cautelar, se les decretó arraigo nacional, considerando los argumentos del fiscal subrogante de Curicó, Enrique Fernández que atribuyó responsabilidad a ambos conductores, aludiendo a un supuesto peritaje de la SIAT, que no fue presentado en la audiencia y que aún no se conoce que exista.
Según el abogado penalista Omar Valdés, “el fiscal debió presentar un informe escrito de la SIAT y el tribunal debió tenerlo a la vista. El juez no puede creer lisa y llanamente en la palabra de un fiscal. Los dichos deben probarse. El fiscal y el juez de garantía actuaron mal”. Agrega que, en su opinión, “no había antecedentes para formalizar al conductor militar”.
No obstante, señala que “la formalización no implica responsabilidad. Su objeto es poner en conocimiento del imputado de que hay una investigación en su contra, pero creo que la medida cautelar (para el uniformado) es excesiva” y afirma que considerando la pena a la que puede ser condenada, “la conductora (civil) debió quedar con firma mensual. No se entiende que ambos hayan quedado con la misma cautelar”.
El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, ha señalado BBCL que el horario en que ocurrió el accidente “es muy relevante para determinar las responsabilidades”, considerando que se exige que quienes se estén desplazando a esa hora “lo hagan con especial preocupación, justamente por las circunstancias que el país está viviendo y que impiden a cualquier persona movilizarse en esas condiciones”.
En la misma línea, Valdés afirma que “habría que ver si el permiso con que contaba la conductora le permitía circular durante la vigencia del toque de queda… es raro, pero deberá ser objeto de la investigación. En todo caso, en el contexto de la emergencia y las restricciones al libre tránsito, aunque así haya sido, debe conducir con prudencia y atenta a las tareas de fiscalización”. Según Carlos Gajardo, “más allá de lo que diga el informe de la SIAT (que aún no se conoce), aparece con mayor nitidez la responsabilidad de la persona que iba conduciendo el automóvil civil”.
Desde La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “cada persona que esté conduciendo, sobre todo en horario de toque de queda” debe “estar muy atenta a las condiciones del tránsito, porque existen fiscalizaciones”.
La formalización del chofer del vehículo militar, Luis Ahumada, ha generado una serie de críticas desde la opinión pública curicana, que ha expresado su repudio a la conducta de Nicol Orellana, principalmente a través de redes sociales, y al actuar de la fiscalía (la misma que hace pocos meses involucró a un militar en hechos en los que posteriormente se descartó su participación y por los cuales estuvo en prisión preventiva), y que en este caso equipara las responsabilidades eventuales de ambos conductores, basada en un informe hasta ahora inexistente.
