Durante esta jornada, la Cámara de Diputados rechazó el articulado del proyecto que prohíbe la pesca de arrastre para la merluza común. La iniciativa no alcanzó los 78 apoyos necesarios, consiguiendo finalmente 74 a favor, 41 en contra y 12 abstenciones.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo en el debate del proyecto que la aplicación de la norma, tal como salió de la Comisión de Pesca, implicaba en la práctica el cierre de ocho plantas procesadoras y la pérdida de mil 150 empleos directos, además de 3 mil millones de pesos menos de ingresos fiscales, entre otros impactos.
Remarcó que el problema está dado en la pesca ilegal y destacó que avanzar en un congelamiento de la huella de arrastre nos pondrá en la vanguardia mundial en materia de sustentabilidad, por lo que no es necesario avanzar en una restricción mayor por la vía de una exclusión de las 30 millas. Además, remarcó que la disposición planteada era inconstitucional, al tratar materias de exclusiva iniciativa legislativa del Gobierno.
Quienes estuvieron en contra de la propuesta replicaron algunos de los argumentos entregados por el Ejecutivo, particularmente en orden a que se destruirá un importante número de empleos, en especial de mujeres que trabajan en las plantas procesadoras, y a que el problema está dado por la pesca ilegal y por la vulneración de las 5 millas de exclusividad del sector artesanal.
En tanto, los que estuvieron a favor de la iniciativa (con la nueva redacción planteada por la Comisión de Pesca) argumentaron que es necesario garantizar la preservación del recurso y el cuidado del medioambiente; apelaron a una mayor asociatividad entre el sector artesanal con el industrial; y remarcaron las nefastas consecuencias que implica el sistema de arrastre como medio de pesca.
