El Tribunal Oral Federal de Argentina condenó a la vicepresidenta y ex mandataria a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). También se le otorgó la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sentenciada a seis años de prisión este martes por la Justicia de ese país.
Fue declarada culpable en una demanda que investigó su participación en un esquema de fraude mientras presidía la nación latina, entre 2007 y 2015.
Según la denuncia del Ministerio Público argentino, Kirchner y varios ex empleados de su gobierno firmaron contratos millonarios por obras viales que serían incompletas, sobrevaluadas y además innecesarias.
La denuncia trata específicamente de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz, de donde era oriundo su difunto esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de su carrera profesional y política antes de saltar a la escena nacional.
La ex presidenta ha negado previamente las acusaciones y dijo que son parte de una persecución en su contra y al proyecto político que representa.
En sus palabras, señaló que no está “ante un Tribunal Constitucional, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial” y que la sentencia en su contra ya estaba escrita.
No puede ser arrestada
Por su cargo de vicepresidenta, Kirchner goza de la misma inmunidad constitucional que el presidente, lo que la protege legal y civilmente en los procesos penales. Por lo tanto, no puede ser arrestada, a menos que sea removida por juicio político.
La Constitución establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el día de su destitución, podrá ser preso; salvo el caso de flagrante delito en la comisión de un delito que merezca la pena de muerte, infame u otra pena angustiosa”.
Si es condenada, no tendrá privilegios y será obligada a cumplir la pena, también existe la posibilidad de arresto domiciliario, pues una de las situaciones que la ley permite es para personas mayores de 70 años.
Además, podrá recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y, en última instancia, ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Esto, sin embargo, es un proceso largo.
Kirchner ocupará el cargo actual hasta diciembre de 2023 y, si para entonces no pierde sus derechos políticos, podría presentarse nuevamente a las elecciones del próximo año. De ser elegida, permanecería con inmunidad.
Posible indulto presidencial
La Constitución argentina establece que el presidente “podrá indultar o conmutar las penas por delitos de competencia federal“, salvo en los casos en que la denuncia sea de la Cámara de Diputados.
El presidente Alberto Fernández ya se ha referido a este punto en concreto. En 2019, cuando era candidato, descartó categóricamente la posibilidad de indultar a su actual diputado.
“Si alguien es un estúpido pensando que voy allá (a la Presidencia) a indultar a alguien, es un estúpido“, dijo en una entrevista con Telenoche.
Fernández, sin embargo, calificó el pedido de la Fiscalía como persecución judicial y publicó un comunicado con sus pares de México, Colombia y Bolivia en el que aseguraron que la persecución tiene como objetivo “sacar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral”.
